Punto Final,Nº 845 – Desde el 22 de enero al 3 de marzo de 2016.
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El aborto, un debate peligroso

Gloria Maira Vargas, renuncia al Sernam.

 

Tras dos años en el cargo, Gloria Maira renunció a la Subdirección del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) por diferencias políticas con la ministra Claudia Pascual. Esto en medio de los acuerdos del gobierno y la Democracia Cristiana para modificar el proyecto de ley de despenalización del aborto que, a su juicio, atentan contra la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres.
Gloria Maira Vargas (57), economista y magister en ciencias sociales, es activista de los derechos de las mujeres. Formó parte de la construcción del pacto político de la Nueva Mayoría y trabajó en el programa de gobierno, en particular en los compromisos que asumiera la presidenta Bachelet con las mujeres.
Tras su renuncia, Gloria Maira conversó con Punto Final sobre las presiones de ciertos sectores que se oponen a ampliar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, y de los nuevos desafíos del movimiento feminista para abogar por una Asamblea Constituyente paritaria.
¿Cuáles fueron las razones para presentar su renuncia a la Subdirección del Sernam?
“Cuando tienes un programa de gobierno que contempla importantes transformaciones de la situación de las mujeres y no logras acuerdos políticos de trabajo con la ministra para afrontar ese escenario, debes dar un paso al lado. Esta decisión no implica desligarse de la responsabilidad política en términos de seguir trabajando por el cumplimiento del programa, pero desde otro lugar. Sentí que mi tiempo en la Subdirección del Sernam y con la ministra Pascual se había agotado, y por lo tanto decidí volver a la calle”.
¿Qué le parecen los recientes acuerdos para modificar el proyecto de despenalización del aborto que se tramita en el Parlamento?
“Cuando trabajamos esa parte del programa, las mujeres de los distintos partidos de la Nueva Mayoría, incluso mujeres independientes pero que adscriben al pacto político, llegamos al acuerdo unánime respecto de las tres causales de aborto y en lo fundamental, para establecer un principio de autonomía reproductiva de las mujeres.
Buscando un acuerdo de la Nueva Mayoría a efectos de que el proyecto fuera aprobado, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados bajó el plazo que proponía el gobierno de 18 a 14 semanas de gestación para que las niñas puedan interrumpir un embarazo resultado de violación. La evidencia internacional indica que estos embarazos generalmente se detectan en el segundo trimestre. Poner 18 semanas no era por tanto un número al azar. Consideraba la realidad de las niñas que han sufrido violencia sexual y otorgaba mayores posibilidades para que decidan continuar o no con el embarazo. El acuerdo actual va en contra de las niñas”.

PRESIONES DE LA DC
Por presión de la Democracia Cristiana los médicos podrían denunciar casos de violación a la Fiscalía, sin autorización de la mujer...
“Está apareciendo con mucha fuerza la obligatoriedad de la denuncia en caso de violación para acceder al aborto, lo que atenta contra la autonomía de las mujeres. Siempre el acceso a la justicia en los casos de violencia sexual es conflictivo para nosotras. La violencia sexual es un riesgo presente desde nuestra infancia. En general, cuando la denuncia de violencia sexual llega a la justicia, existe un escrutinio sobre la vida y conducta sexual de las mujeres. Se pone en entredicho nuestra palabra. Por eso muchas se niegan a denunciar para no exponer su intimidad. Si además el agresor es del entorno inmediato, familiar o la propia pareja, la denuncia destapa una situación que hay que tener mucha fuerza para sostener. Esto no exime la responsabilidad que tiene el Estado de perseguir el delito sexual, pero no puede ser a costa de la dignidad e integridad de las mujeres afectadas. No se puede poner la denuncia como condición para acceder a la interrupción del embarazo.
Sectores de la Democracia Cristiana explícitamente han mostrado su rechazo al proyecto de ley y han trabajado porque la iniciativa no llegue a buen puerto. El ícono es la ex senadora Soledad Alvear, quien ha hecho de esto una especie de cruzada. Pero el problema no se limita a estos sectores de la Democracia Cristiana, porque hay representantes de otros sectores políticos que se han restado, no han sido activos en el debate defendiendo el proyecto de ley”.
¿Cómo se explica que mientras la ciudadanía demanda ampliar los derechos de las mujeres, en el Parlamento se intenten bloquear estos avances?
“La última encuesta de Fundación Chile 21 muestra que el 85% está de acuerdo con la interrupción del embarazo en caso de violación. Si hacemos revisión de la historia, algo similar ocurrió con el divorcio: desde la presentación del primer proyecto de ley pasó casi un siglo para tener una legislación al respecto. Los acuerdos a que llegan los partidos están alejados de la realidad y de lo que las personas consideran materias importantes a legislar. Eso forma parte de la crisis de representación. Cuando hablamos sobre todo de libertades y derechos individuales, muchas veces los acuerdos en los partidos con presencia en el Parlamento van contra de lo que la ciudadanía piensa y quiere”.
¿Qué injerencia tiene la Iglesia Católica en el bloqueo de los intentos de ampliar las libertades y derechos de las mujeres?
“Creo que la Iglesia Católica ha evitado actuar en primera línea como lo ha hecho en otras ocasiones. Siempre ha estado para oponerse al divorcio, al reconocimiento de los hijos e hijas fuera del matrimonio, a los derechos de las mujeres y de las personas que toman opciones distintas a sus dogmas y postulados. Hoy su poder moral se ha visto minado por el conocimiento público de las agresiones sexuales a niños, niñas y jóvenes, y a la ausencia de acción para asumir su responsabilidad en estos hechos y reparar a las víctimas. Otros hablan por la jerarquía de la Iglesia Católica a través de organizaciones y personas que levantan sus argumentos para oponerse al proyecto de ley de despenalización del aborto por tres causales”.

ABORTO LIBRE
Las organizaciones de mujeres y feministas demandan aborto libre. Señalan que el proyecto de ley de despenalización del aborto es insuficiente y que en ninguna de las causales se refleja la plena autonomía de las mujeres.
“El aporte del proyecto de ley es entregar la decisión a las mujeres. Esto marca una diferencia sustancial, tanto con la ley de aborto terapéutico que duró hasta que el dictador la derogó en 1989, como con la práctica médica actual que en caso de riesgo vital inminente para la mujer interviene e interrumpe el embarazo. Reconoce un principio de autonomía reproductiva de las mujeres y lo que desde allí se desarrolle en materia de política pública. A partir de esta decisión, el Estado tiene la obligación de otorgar una prestación de salud, que no está condicionada por la situación económica o la edad de las mujeres. Eso marca un paso transformador respecto del tutelaje que nuestra legislación tiene sobre el cuerpo de las mujeres. Este no es un pequeño avance en la perspectiva de progresos paulatinos. Creo que hay momentos de la disputa societal donde se pueden modificar los lugares que están en disputa. En este caso estamos hablando del lugar de las mujeres respecto de una decisión que tiene que ver con sus cuerpos, con su maternidad, con su proyecto de vida”.
¿Hay riesgo que el proyecto se convierta en una ley que no garantice derechos de las mujeres?
“Hay un riesgo. Si la decisión queda en manos del cuerpo médico o se instala la obligatoriedad de la denuncia de la mujer en caso de violación, no habremos avanzado.
Sin embargo el debate sobre el aborto no se agota en el proyecto de ley, pues se está abriendo un proceso en que la presidenta estableció una ruta para formular una nueva Constitución. En la discusión se volverá a debatir sobre el aborto porque se trata de un asunto de derechos y libertades fundamentales. Allí habrá que dar la pelea para que la nueva Constitución reconozca derechos y libertades que hoy están ausentes”.
¿Cuál es su opinión respecto a la gestión de Michelle Bachelet en materia de igualdad de género?
“En estos dos años, el gobierno de la presidenta ha logrado establecer cimientos importantes para avanzar en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Está la creación del Ministerio de la Mujer, el término del sistema binominal, que era un obstáculo para la llegada de las mujeres a cargos de elección popular, y la incorporación de un criterio de paridad en las candidaturas parlamentarias. Importante también es el proyecto de ley de despenalización del aborto en tres causales, porque es primera vez que un gobierno pone en discusión algo que ha sido una demanda de las mujeres desde la recuperación de la democracia. Además el programa contempla otras iniciativas, como una ley sobre violencia contra las mujeres que se hace cargo de este problema estructural, y obliga al Estado a actuar de otra manera en términos de política pública”.
 
ASAMBLEA CONSTITUYENTE PARITARIA
¿Cuáles son los desafíos del movimiento feminista?
“Un desafío importante es la nueva Constitución. Las mujeres tenemos que estar en primera línea definiendo los contenidos de esa Constitución. Esta vez, no podemos estar en la galería, ni cabildeando a los constituyentes para que voten a favor de nuestros derechos. Esto apela a un movimiento feminista, a un sujeto político que se tiene que desplegar. 2016 y 2017 son claves en esa perspectiva para las mujeres, y para el movimiento social en general. Por lo que hay que abogar es por Asamblea Constituyente paritaria. Espero sea una exigencia que acoja todo el movimiento social”.
De los 17 integrantes del consejo de observadores para el proceso constituyente la presidenta Bachelet solo designó a tres mujeres. ¿Fue un error esta designación no paritaria?
“No estoy segura si fue la presidenta quien hizo la designación, pero quienes la hicieron cometieron un grave error, que además es indicador del desafío que enfrentamos. Las mujeres tenemos que copar los espacios de discusión sobre la nueva Constitución, aquellos que abra el gobierno y los propios del movimiento social.
Nos va a tocar trabajar con el movimiento social y se nos va a exigir sabiduría política. Las feministas tenemos diferencias porque somos un movimiento político, y por lo tanto las diversidades políticas están presentes. Hay feministas anarquistas, por ejemplo, que seguramente ven con desconfianza la elaboración de una nueva Constitución porque el poder y el Estado tiene una significación particular dentro de su postura política. Pero habrá otros sectores más proclives a entrar en interlocuciones y formar parte del proceso con distintas estrategias”.

Isabel Díaz Medina

 

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 845, 22 de enero 2016)

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