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Editorial 847

La revolución necesaria (II)

¿Una nación de borregos?

 

En 1961 un ex oficial de la Armada norteamericana, William J. Lederer(*), publicó Una nación de borregos, escudriñando el alma de EE.UU. Describió a su país como una nación sumisa, ignorante y aletargada por los medios de comunicación. Una nación de borregos analiza crudamente los métodos de la elite político-militar-empresarial que maneja la opinión pública como un material maleable que utiliza a su antojo.
Ha pasado más de medio siglo y ese fenómeno es ahora mucho peor. Un troglodita forrado en millones de dólares amenaza, por ejemplo, convertirse en presidente de EE.UU. Las intervenciones norteamericanas -golpes de Estado, invasiones, guerras de rapiña, bloqueos, asesinatos políticos, imposición de tratados denigrantes para la soberanía de naciones indefensas, etc.- se han extendido por todo el mundo. Chile lo sufrió en 1973 y hoy la amenaza se cierne sobre Venezuela. El indecente comportamiento de los gobiernos demócratas y republicanos no ha logrado todavía despertar a la nación de borregos.
En Chile está sucediendo un fenómeno parecido. Es hora de preguntarnos si nos estamos convirtiendo en borregos pastoreados por el duopolio político y mediático. Esto nos llevaría a renunciar a nuestros derechos y deberes de ciudadanía en una república democrática. Permitiríamos así que gobernaran sin contrapeso las grandes empresas nacionales y extranjeras y las pandillas de políticos corruptos que son sus devotos servidores.
La actual crisis político-institucional cuenta con un aliado que le permite ganar tiempo y eludir el severo castigo que merecen sus responsables. El mejor aliado de la corrupción y de los abusos con la población es la indiferencia ciudadana. Las elecciones municipales de este año mostrarán sin duda una abstención superior al 60% que se produjo en las presidenciales de 2013. Las revelaciones del Ministerio Público sobre corrupción han aumentado a niveles superiores al 80% el rechazo a instituciones, políticos y a la política en general. En tanto, la Fiscalía Nacional Económica ha denunciado las colusiones de empresas que imponen los precios de los productos con que esquilman a la población. Estas denuncias -que abarcan al conjunto del mercado- han dejado en evidencia que la libre competencia, pilar del sistema, es un puro cuento. Sin embargo la población mantiene -hasta ahora- una actitud de sumisa resignación.
Lo mismo ocurre con el transporte público, que en rigor debería depender del Estado y los municipios. El temor a denunciar, debatir y sobre todo a participar en organizaciones sociales y políticas, es una herencia del terrorismo de Estado. En paralelo, Chile ha sufrido durante casi medio siglo el proceso de colonización cultural del neoliberalismo, que es algo más que una teoría económica. Lo que somos los chilenos en el siglo XXI -ignorantes y ajenos a la solidaridad entre seres humanos-, es resultado de la implantación de un modelo político, económico y cultural reñido con nuestra propia cultura y las tradiciones de organización y de lucha de nuestro pueblo. Un modelo impuesto a punta de bayonetas y tarjetas de crédito y que no será fácil desmontar.
Pero la propia crisis político-institucional permite descubrir caminos para superar la indiferencia ciudadana. El más importante es el que conduce a una Asamblea Constituyente que elabore y plebiscite una nueva Constitución.
Esto requiere de un proceso de reactivación social destinado a acumular fuerzas para vencer la resistencia que opondrá una institucionalidad desvencijada y corrupta pero aún capaz de engañar y reprimir al pueblo.
Los componentes más importantes de este proceso de acumulación de fuerzas son las demandas que representen las necesidades de la mayoría. Demandas que sólo se alcanzarán en un Estado inspirado en valores humanistas y solidarios. Por ejemplo el derecho universal a la salud y educación gratuitas y de calidad. Es un insulto a la dignidad humana la situación en que trabajan los hospitales públicos en que el pueblo debe esperar meses o años para una intervención. También hay que terminar con la especulación de laboratorios y cadenas farmacéuticas fijando precios a los medicamentos y apoyando a las farmacias populares. Por su parte, los jardines infantiles, escuelas primarias y colegios deben contar con los mismos recursos e infraestructura para formar niños en igualdad de condiciones. Los ancianos junto con los niños deben gozar de la atención preferente del Estado, mediante la creación de hogares confortables y dignos.
La justicia social comienza por el salario. En Chile la diferencia es abismal. Más de un millón y medio de trabajadores, uno de cada cuatro según la Fundación Sol, gana el salario mínimo: 250 mil pesos (356 dólares). Un parlamentario, en cambio, recibe 37 veces más. Fijar un salario máximo -como planteó Alfonso Baeza Donoso, ex vicario de la Pastoral Obrera-, es indispensable para acortar la brecha salarial. Esto debe quedar establecido en las leyes que generará la nueva Constitución.
Chile necesita una verdadera reforma tributaria. Los ricos tienen que aportar más. Mucho más. No resiste ninguna lógica que existiendo tan graves problemas sociales, haya chilenos que poseen fortunas de hasta diez mil millones de dólares, según la revista Forbes. Esto ofende a un país que no ha logrado derrotar la pobreza y extrema miseria. Un país donde muchos duermen en las calles y se alimentan escarbando la basura de los restoranes. Se impone una reforma tributaria solidaria. Chile puede soportar unos cuantos ricachones siempre cuyo aporte tributario sea consistente con las necesidades del país. Pero es intolerable la acumulación de fortunas que se han levantado mediante la especulación y la explotación de seres humanos y de riquezas naturales sin que existan esos aportes.
La inversión extranjera está saqueando el país con la complicidad de gobiernos elegidos por un pueblo desorientado. La dictadura abrió las puertas a esos abusos, pero los gobiernos civiles fueron más allá. En el periodo 1996-2010 -gobiernos de la Concertación-, la inversión extranjera alcanzó cerca de los 62 mil millones de dólares y sus ganancias totales fueron de ¡132 mil millones de dólares! ¡Las inversiones extranjeras se pagaron solas en apenas catorce años! Dicho de otro modo: por cada dólar que entró como inversión el país pagó dos dólares. En el primer gobierno de Bachelet la inversión extranjera directa fue de 52 mil millones de dólares y las ganancias del capital ascendieron a 75 mil millones de dólares.
Cualquier año que se tome como referencia -a partir de 2005, en que la renta de la inversión extranjera crece bruscamente-, representa varias “reformas tributarias” como la que ha impulsado este gobierno o el “royalty” de Piñera. El año 2007, en el primer gobierno de Bachelet, estas ganancias registraron un récord: 22.832 millones de dólares. Lo cual explica la identificación de los inversionistas con los gobiernos de la ex Concertación y el apoyo financiero entregado a sus candidatos y partidos. La última candidatura de Bachelet gastó 5.377 millones de pesos, más que todos los demás candidatos juntos, según declaración al Servicio Electoral. La cuenta no incluye los gastos de “precampaña” recaudados en Soquimich, Enersis y otras empresas por Peñailillo y su G90.
Poner un límite a las grandes fortunas y a la renta de la inversión extranjera es un objetivo natural de la revolución democrática que comenzará con la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Alcanzar ese objetivo se ha hecho más difícil por la adhesión del gobierno de la Nueva Mayoría al TPP (Trans Pacific Partnership). Es un tratado que lesiona el interés nacional al ceder soberanía a tribunales extranjeros en las controversias del Estado con inversionistas extranjeros. Denunciar el TPP para liberar a Chile de las obligaciones que impone ese tratado es un asunto de importancia nacional. Lo mismo que la revisión de los acuerdos de libre comercio que Chile ha suscrito con 64 países. La nueva Constitución debe establecer la prohibición de suscribir tratados que resignen el derecho inalienable del Estado a juzgar con sus propias leyes los conflictos en su jurisdicción.
Entre tanto, la crisis político-institucional avanza con velocidad. Sin embargo puede extenderse por tiempo indefinido y tomar características aún más graves si los ciudadanos no nos unimos para exigir la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Por lo pronto cabe denunciar las maniobras que se hacen en la oscuridad para un “perdonazo” de los actos de corrupción de la Nueva Mayoría y la derecha.
Se necesitan nuevos liderazgos sociales y políticos, limpios de corrupción. Sobre todo de jóvenes, los llamados a dirigir este proceso de saneamiento moral de la política y de construcción de nuevas bases institucionales.

MANUEL CABIESES DONOSO

(*) Coautor con Eugene Burdick del libro El americano feo, llevado al cine.

(Editorial de “Punto Final”, edición Nº 847, 18 de marzo 2016)

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