Punto Final, Nº 847 – Desde el 18 al 31 de marzo de 2016.
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El perdonazo

JORGE Abbott, fiscal nacional.

 


¿Existe un plan “perdonazo” destinado a encubrir y amnistiar los casos de corrupción político-empresarial que se han descubierto en el último año? Diversas fuentes de información, de distinta procedencia política, han denunciado en la última semana la existencia de un acuerdo tácito entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Fiscalía Nacional, orientado a encubrir o terminar con una serie de procesos de alta connotación pública, como Penta, Corpesca, Caval y SQM. El plan involucraría al fiscal nacional Jorge Abbott, y a Fernando Barraza, director del SII.
Se trata de una hipótesis periodística que adquiere credibilidad en la medida que diversos actores han ofrecido declaraciones pidiendo a las autoridades un “perdonazo” general para los políticos y empresarios involucrados en los escándalos. El abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, sintetiza el momento diciendo: “Creemos que estamos ad portas de un ofertón de procedimientos abreviados con los que se pretenda terminar a la rápida con todas estas investigaciones, sin llegar a establecer la verdad de todos y cada uno de los hechos que se están imputando”.(1)
El que más explícitamente ha demandado el perdonazo ha sido el ex contralor Ramiro Mendoza, fuertemente ligado a la derecha política. Mendoza afirmó al respecto a La Tercera: “No estoy diciendo que sea una amnistía en los términos de un perdón. Estoy diciendo que en los términos de una reparación desde el punto de vista de la conducta, una especie de, entre comillas, amnistía, porque esa figura supone una ley…Hablo de una especie de delación compensada de quienes concurrieron en un financiamiento irregular. Que paguen una determinada multa, regularicen los tributos que se dejaron de pagar y partamos de cero… Deberíamos ser capaces de que quienes concurren con su declaración a esta delación compensada de la política, podamos hacer una conducta de ahí en adelante diferente porque si no, lo que vamos a estar construyendo, a la larga, es una especie de mártires de la política. No podemos hacer una amnistía al modo de la ley de amnistía ni tenemos que vivir con una especie de mártires o detenidos de la política”.(2)
La figura de los “detenidos de la política” pareciera ser el fantasma que Mendoza quiere exorcizar. No se trataría de “presos políticos”, como los que ya conocimos en Chile, sino de “políticos presos”, una situación completamente nueva y que aterroriza transversalmente al gremio de la política profesional. Para eso la “delación compensada”, que permitiría “partir de cero”, vendría a blanquear las culpas generalizadas mediante un perdón que vaya de capitán a paje.

LA COMEDIA SII-FISCALIA
Mientras surgen estas voces pidiendo clemencia, el fiscal nacional Jorge Abott resolvió cambiar a los fiscales de los casos Caval, Penta y SQM. Luis Toledo, fiscal jefe de O’Higgins, a cargo del caso Caval, asumirá el próximo 1º de abril como director de la Unidad Especializada en Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, dejando la investigación. En el caso SQM ya han salido los fiscales Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, quedando del equipo original solamente Carmen Gloria Segura. En el caso Penta se nombró a Manuel Guerra, jefe de la Fiscalía Oriente. Y en el proceso Corpesca, Ximena Chong, en la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte, reemplazó a José Morales. Una vez que asumieron los nuevos equipos se ha empezado a escenificar un sketch en el que el Fiscalía Nacional solicita al SII hacerse parte de las causas, mientras el director del SII se hace de rogar y dice que “no es función del SII hacer justicia”.
El peloteo entre la Fiscalía y el SII opera de esta forma: el 1º de marzo Abbott afirmó que en los casos SQM y Penta “si no hay más querellas, se terminan las causas”. Para que continúe la investigación, el SII debería presentar querellas. Al no interponerlas, la Fiscalía queda entrampada: “Nosotros tenemos que terminar las causas y quisiéramos un pronunciamiento del SII”, ha declarado Abbott. Nada se escucha en el SII.

LA MANO DE PABLO GOMEZ
Para Mauricio Daza, de Ciudadano Inteligente, la señal más clara del cambio de rumbo en las investigaciones radica en el reemplazo del fiscal Emiliano Arias por Pablo Gómez en el caso SQM. Gómez ha exhibido una conducta que a juicio de Daza es abiertamente “errática, inconsistente y contradictoria” ya que “no da cuenta de alguien que efectivamente quiera investigar los hechos relacionados con la arista SQM de manera profunda, sin entrar en ningún tipo de consideración respecto de la posición de poder político o económico de las personas que están involucradas como imputadas”.
Esta apreciación se basa en que Pablo Gómez ya ha declarado a la prensa que no existirían penas efectivas en los casos que investiga. Además, ya le reconoció a los imputados ciertas atenuantes, cómo colaboración sustancial y reparación celosa del mal causado. Pero lo ha hecho antes que muchos de ellos hayan concurrido a declarar a su despacho. A la vez, la falta de proactividad del SII se explica por su dependencia política. En declaraciones a El Muro, Daza afirma: “El Servicio de Impuestos Internos no es un organismo que sea realmente independiente y, en ese sentido, se debe avanzar para establecer por ley las condiciones necesarias para que sí lo sea. No puede seguir ocurriendo que el SII, finalmente, sea dirigido por un cargo de naturaleza política, sobre todo, cuando existe un conjunto de causas que involucran a las principales autoridades políticas del país y, ése, es un punto que está pendiente”.

LONGUEIRA LA PIEDRA EN EL ZAPATO
Si todo hubiera marchado tal como se había previsto, en este mes los casos emblemáticos habrían empezado a cerrase de forma progresiva. El pacto implícito entre Abbott y el SII debería haber llevado a un perdonazo por la vía de acuerdos y salidas alternativas. Sin embargo, un evento inesperado empañó este programa. Las recientes revelaciones de Ciper respecto al eventual delito de cohecho del ex ministro Pablo Longueira han empañado el intento de la elite de alcanzar el perdonazo exprés.
Como se ha denunciado Pablo Longueira recibió de Pablo Contesse, gerente general de SQM, la redacción de un artículo de ley referido al impuesto a la minería. Dicho artículo, posteriormente incluido en la legislación, permitió a SQM acceder a millonarios beneficios tributarios. A cambio Longueira habría recibido aportes irregulares por más de 900 millones de pesos. Para hacer operar este sistema Longueira habría recurrido a una red de más de veinte “boleteros” cercanos, los que habrían emitido las boletas falsas.
Este modus operandi, tan habitual en todos los casos de corrupción destapados este año, se ve agravado dada la directa relación que se establece entre el político corrompido y los beneficios tributarios y jurídicos a los que acceden las empresas corruptoras. La opinión pública no parece dispuesta a aceptar sin más que ese ciclo corruptor se olvide. Según la encuesta Cadem de marzo, un 82% dice que Pablo Longueira buscó favorecer a SQM en la ley de “royalty” minero. Pero el mismo 82% sospecha que favorecer a las empresas en la tramitación de proyectos de ley es una práctica habitual. Y un 77% sostiene que el financiamiento irregular proveniente de SQM afectó a las dos coaliciones por igual. De allí que el “perdonazo” no lo tenga fácil en la actual coyuntura. Se requiere dejar pasar un poco más de tiempo, echar un poco de olvido en la memoria de la ciudadanía.

LA AGENDA ANTICORRUPCION
¿Qué debe promoverse en este escenario? En primer lugar, exigir al SII y a la Fiscalía la plena utilización de los instrumentos legales ya establecidos en el Código Penal, siguiendo los criterios interpretativos que se utilizan para cualquier otro tipo de delitos. Es decir, no es necesario cambiar las normas existentes, sino aplicarlas tal cual se aplican en aquellos delitos que no afectan ni al poder político ni al económico.
En segundo lugar, demandar al gobierno y al Congreso la adecuada dotación de medios humanos y materiales a aquellos que tienen la labor de perseguir a estos delincuentes. No se puede pretender que una investigación de miles de páginas sea llevada por jueces que carecen de los medios técnicos y humanos necesarios para poder avanzar en el desarrollo de las mismas. Se debe lograr la plena especialización de los jueces en materia de lucha contra este tipo de delincuencia.
Si realmente nos preocupa tanto la corrupción como reflejan las encuestas, entonces los esfuerzos se tienen que centrar en el esclarecimiento de los hechos y la persecución de los grandes corruptos y corruptores. Para ellos no caben rebajas de penas ni reparaciones simbólicas. El daño causado es enorme y no aparecen atenuantes para los involucrados. Si bien la corrupción es inherente al capitalismo, lo que la hace verdaderamente insoportable es la sensación de impunidad.

ALVARO RAMIS

Notas
(1) El Muro, 3 de marzo de 2016.
(2) La Tercera, 6 de marzo de 2016, p. 5.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 847, 18 de marzo 2016).

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