Punto Final, Nº 847 – Desde el 18 al 31 de marzo de 2016.
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Podrido y repodrido

 

Sorprenderse porque un empresario venido directamente desde el pinochetismo redacte una ley para su propio beneficio por la vía de arrendar a un ministro de Economía, puede resultar una actitud cínica. ¿Pero han sido los únicos que han obrado de esta manera, ahora que revienta como escándalo?
Lo que devela el affaire Longueira-Contesse es una cultura que existe: en Chile mandan los mismos de siempre. Es un hecho que se ve en cada paso que se da. A juzgar por el estado actual del país -regido por leyes que no difieren para nada con las redactadas por el dueto Contesse-Longueira en fines, formas y métodos-, no es aventurado creer que otros han optado por la misma metodología legislativa.
Desde los tiempos de la fundación de esta dictadura sin dictador, el avance de la empresa privada en manos de aquellos que si no fueron de la banda del tirano fueron sus sostenedores, ha llegado a límites increíbles. ¿Cuántas leyes habrán sido redactadas mediante acuciosas adendas concebidas en las oficinas de los empresarios poderosos? ¿Cuántos parlamentarios de los que han sido descubiertos con “funciones” pagadas por los que se han adueñado de Chile, habrán hecho lo mismo? ¿Quiénes, de los que aún no se saben nombres y militancias? Cabe preguntarse hasta dónde se estira el límite de lo aceptable, hasta dónde un país soporta hechos de naturaleza delincuencial en sus más empingorotados dirigentes sin caer en una quiebra moral.
Ministros y políticos hacen fila para aseverar que Chile no es un país corrupto, sobre todo cuando asumen sin rubor pontificar respecto de otras latitudes. ¿Qué entenderán por ser un país corrupto? ¿Qué cada uno de sus millones de ciudadanos lo sea?
Un país corrupto se puede definir como aquel en el que aún no se sabe cual de sus instituciones y dirigentes políticos se ha arrendado, vendido o regalado a algún poder ilegítimo, inmoral y/o ilegal.
Cabe preguntarse si los países tienen límites para aguantar la náusea que necesariamente debe generar en la gente honesta la degradación de aquellos que tremolan sus crucifijos para invocar a sus dioses, como apóstoles de la decencia y las buenas costumbres. Y son simples ladrones. Delincuentes es lo que son. Vendidos al mejor postor. Mentirosos a los que sus vapuleadas ideas de la moral limitan con un fajo de billetes. Mercenarios que gestionan para agrandar sus fortunas hechas de exacciones, robos y malabares. Cristianos fatuos. Carne de infiernos. Haría falta una hoguera descomunal. Una que sea capaz de calentar el ánimo de los que asisten al espectáculo sin decir mucho más que esta boca es mía, y cuyo silencio se parece al culpable solapado que está a la espera de ser descubierto mientras ensaya explicaciones o huidas.
Algo raro pasa en el alma de este pueblo que en su historia ha dado sobradas muestras de valentía y decisión. Es extraño que aún no haya quienes reaccionen ante la desvergüenza que se devela a cacho visto, ante las operaciones de delincuentes con pedigrí de golpistas y criminales que insisten en cagar y recagar a la gente.
Deberían irse todos. Están podridos y repodridos.
Ya no es posible dirimir con algún grado de certeza quién es un sinvergüenza y quién no; cada día que pasa amanece con nuevas muestras de la manera en que se ha vendido el país a esos trastornados por el dinero y la codicia.
Hemos dicho que no es necesario incendiar los horizontes para emprender un proceso de sanación en un país afectado en el alma por la carcoma de los corruptos. Tampoco es necesaria una Sierra Maestra al sur de Temuco, ni un palacio de invierno en Morandé esquina Moneda. Haría falta solamente proponerse en el futuro próximo la construcción de un país decente, dirigido por gente honrada e instituciones respetuosas de las personas y la Tierra. Y por cierto, con un sistema penitenciario que garantice una condena saludable a los facinerosos que habría que encarcelar para escarmiento y pedagogía.

Ricardo Candia Cares

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 847, 18 de marzo 2016).

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