Punto Final,Nº 853 – Desde el 10 al 23 de junio de 2016.
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Operación Cóndor

Una sentencia histórica


Reynaldo Bignone, de 88 años: condenado a 20 años de presidio.

 

Para sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur en los años 70-80, la larga espera por justicia comenzó a terminar en el atardecer del pasado 27 de mayo, cuando uno de los jueces del Tribunal Oral Federal Nº 1 leyó, por fin, la sentencia contra los primeros condenados en esta causa.
Casi la mitad de los 32 acusados murieron en el transcurso del juicio, como fue el caso del dictador Jorge Rafael Videla y de Jorge Olivera Rovere, jefe de la Subzona Capital. Videla murió en su lugar de detención, donde estaba condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar (1976-1983).
Fue un momento difícil, porque la defensa de los acusados intentó imponer hasta la nulidad del juicio, pero la Fiscalía decidió continuar el debate de los casos atribuidos directamente al ex dictador, lo que se hizo en función de la verdad y como parte de la tipificación de asociación ilícita.
Los jueces del Tribunal, Oscar Ricardo Amirante, Adrián Federico Grünberg, Pablo Gustavo Laufer y Ricardo Angel Basílico como juez sustituto, estuvieron presentes para la lectura del fallo. Sólo uno de los acusados concurrió, más los abogados del resto. Se trataba de Migel Angel Furci, que fue uno de los condenados a 25 años por el mayor número de casos, ya que fue reconocido por sobrevivientes del centro clandestino de detención Automotores Orletti, sede de la Operación Cóndor. Furci, un ex agente de la Secretaría de Inteligencia del Estados (Side) durante la última dictadura militar actuó en el centro clandestino de detención Automotores Orletti. Además se apropió de una niña, Mariana Zaffaroni Islas, hija de un matrimonio uruguayo desaparecido en Orletti que fue rescatada cuando el represor la había llevado a Paraguay como su hija. Furci, como la mayoría de los acusados en esta causa, ya está condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos en la órbita del Primer Cuerpo de Ejército argentino.

CONDENAS EJEMPLARES
Las primeras condenas leídas en medio de sobrecogedor silencio fueron contra los generales Santiago Omar Riveros y Reynaldo Benito Bignone, el último dictador de la junta militar y que hoy tiene 88 años. El primero recibió 25 años de prisión y el segundo 20 años.
En el caso de Riveros se trataba de la undécima condena que ha recibido en juicios por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Fue jefe de Institutos Militares del centro de exterminio en el Cuartel de Campo de Mayo. Bignone ya tenía ocho condenas en otros juicios.
También fue condenado a 25 años el único acusado extranjero, el militar uruguayo Juan Manuel Cordero Piacentini, entre cuyas víctimas estuvo María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, desaparecida y madre de Macarena Gelman, a quien logró encontrar, en una búsqueda desesperada, en el año 2000 su abuelo el poeta Juan Gelman. Macarena, presente en la sala, fue testigo en esta causa. Había sido entregada a poco tiempo de nacer a un policía y su esposa.
Fueron momentos indescriptibles los que se vivieron en la sala junto a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, hijos, sobrevivientes y familiares de paraguayos, uruguayos, chilenos y bolivianos.
Hubo otra condena a 25 años de prisión que correspondió al general Rodolfo Emilio Feroglio; y 18 años para el coronel Humberto José Román Lobaiza. También fue condenado a 12 años el vicealmirante Antonio Vañek, segundo en la estructura de la Armada argentina y otros cinco imputados; el general Federico Antonio Minicucci fue sentenciado a 8 años. Dos acusados fueron absueltos por falta de pruebas.
Esta causa incluía a 109 víctimas, pero una cantidad de casos tenían como único imputado al ex dictador Videla y aunque esos crímenes no pudieron seguir en la causa cuando este murió, el 13 de marzo de 2013, las historias testimoniales desarrolladas continuaron como parte del juicio, en función del derecho a la verdad de las víctimas.
Ahora se esperan los fundamentos de la sentencia para el próximo mes de agosto, de vital importancia para proseguir con el resto de los juicios, considerando que hay más de 370 víctimas que están consideradas dentro de la Operación Cóndor para ir a juicio. Existe otra cantidad de nombres de víctimas denunciadas como “caso Cóndor” - que pueden llegar en conjunto a 800- que están en investigación y reuniéndose pruebas y testimonios.
El acta de “fundación” de la Operación Cóndor en Chile, en noviembre de 1975, y la serie de documentos aportados por distintos investigadores sobre otros acuerdos, que antecedieron a esta “institucionalización” de la siniestra operación, hizo posible avanzar para determinar las condenas.

PRIMER GOLPE JUDICIAL
Argentina es el primer país de América Latina que llega a una sentencia y condena a un grupo de responsables de la Operación Cóndor. En la sentencia queda claro en qué tipo de acciones específicas actuó cada uno de los condenados. El proceso se desarrolló en dos causas que llegaron a juicio por separado pero que comparten el mismo objeto procesal. Una, por la Operación Cóndor; la otra, por crímenes en el centro clandestino de detención Automotores Orletti (causa iniciada en 2004), donde estuvo una de las más importantes sedes de la coordinación criminal en Argentina.
A pesar de que por algún tipo de negligencia la causa queda mencionada como Plan Cóndor, el nombre que figura en todos los documentos importantes es Operación Cóndor. Esta fue una táctica contrainsurgente dentro de una estrategia mayor que fue la “siembra de dictaduras” inspiradas en la doctrina de Seguridad de Nacional en el marco de la “guerra fría”, en el Cono Sur.
La estrategia de contrainsurgencia de Estados Unidos en los años 60 se revela en el plan de lograr colocar a los países del sur de América simultáneamente bajo dictaduras militares. Dentro de esa estrategia surgieron diversas operaciones tácticas contrainsurgentes, de las cuales la Operación Cóndor fue una de las más importantes, por la selectividad de sus víctimas que, por esta misma razón, fue imposible que no dejaran rastros.
Son esos rastros los que hoy se han logrado revelar, aunque faltan muchos pasos por dar. Han permitido ese importante avance que significa el primer juicio de la Operación Cóndor que llega a esta condena y abre camino a los próximos juicios.
“A lo largo del proceso, tanto la querella como Fiscalía acordaron un punto principal: que la Operación Cóndor existió, se desarrolló y entró en crisis con la caída de las dictaduras”, señala el Foro de Participación Social del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur. Para esta institución “el juicio que se llevó a cabo en Argentina sienta un precedente inigualable que contribuye de manera inédita a avanzar en el proceso de verdad y justicia, impulsado por miles de víctimas y familiares, así como por organizaciones y movimientos sociales, en los países involucrados en la Operación Cóndor”.
Tambien abre camino “a los sistemas judiciales de los países, para que puedan iniciar nuevos juicios y de esta forma avanzar en la necesaria reparación a las víctimas, juzgando a los responsables y así consolidar un sistema jurídico que, de forma coordinada a nivel regional, deje sentado un no rotundo a la repetición de la articulación del horror”.

MAS DE 200 TESTIGOS
El juicio que llegó a sentencia comenzó en 2013, uniendo los expedientes anteriores en una sola causa. A través de estos años declararon más de 200 testigos, en relación con víctimas argentinas, uruguayas, brasileñas, chilenas y paraguayas. De los acusados 16 son argentinos y uno de nacionalidad uruguaya.
El primer juicio global sobre la Operación Cóndor en Argentina y América Latina determinó en principio que esta operación contrainsurgente fue una asociación ilícita de las dictaduras para cometer delitos como secuestrar, entregar prisioneros entre un país y otros, torturar, asesinar y desaparecer detenidos.
En este caso se mantuvo la figura jurídica inicial de esta causa que se inició en 1999, cuando un grupo de familiares de extranjeros que fueron desaparecidos en Argentina, donde estaban refugiados, inició una querella patrocinados por un grupo de comprometidos abogados, encabezados por Alberto Pedroncini.
Fue un esfuerzo extraordinario, que en 2001 dio como resultado una primera sentencia, precisamente la de asociación ilícita para cometer estos delitos, que señala a los grandes responsables; en Argentina: Jorge Rafael Videla y otros; en Chile: Augusto Pinochet; en Paraguay: Alfredo Stroessner; en Bolivia: Hugo Bánzer; y en Uruguay varios nombres cuya extradición se solicitó, pero no hubo respuesta positiva.
En esos momentos ya se había logrado acceder a una serie de documentos encontrados en los archivos de la dictadura del general Stroessner en Paraguay en diciembre de 1992. Pero también comenzó a tejerse la red de testimonios y a reunirse investigaciones periodísticas dispersas.
Con parte de esa documentación y una serie de investigaciones que comprobaban la responsabilidad de Estados Unidos en esta operación contrainsurgente, se contó con elementos claves para armar este extraño rompecabezas, cuyas piezas iban adquiriendo un valor específico.

EL CASO LETELIER
Fue muy importante acceder a elementos surgidos del juicio realizado en Estados Unidos por el atentado terrorista contra el chileno Orlando Letelier, ex ministro del gobierno de Salvador Allende, hecho ocurrido en Washington en septiembre de 1976, un antecedente importantísimo para los basamentos de la querella.
La larga investigación fue sumando documentos y denuncias, por lo cual se conformaron tres expedientes ordenados como Plan Cóndor I, II y III. Llevar adelante un juicio sobre esta Operación fue extremadamente difícil.
Involucrados Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Bolivia en esa alianza perversa, también surgen los contactos criminales con Perú, Ecuador y Colombia en la red de terrorismo de Estado. Calificada esta operación como “un laberinto” por el fiscal Eugene Propper en el juicio por el asesinato de Letelier en el atentado donde también murió su secretaria norteamericana, Ronny Moffit, y fue gravemente herido el esposo de la joven, Michael Moffit, se requieren grandes equipos para ayudar a las fiscalías, que no es la característica de las estructuras judiciales en nuestros países. La acción de abogados, jueces, compiladores, investigadores y otros es realmente destacable. También hay que agregar que mediante los documentos que se lograron rescatar en los archivos de Paraguay y en otros descubiertos en el sur de Brasil, se pudo solicitar la desclasificación de documentos en Estados Unidos, que fueron claves para el desarrollo de los juicios.
De la misma manera fue importante el proceso de juicios por delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar en Argentina, una experiencia única en el continente. La cantidad de testimonios, la investigación de los finos hilos que conducen a nuevos descubrimientos, permitieron reconocer en todos los casos los límites que la Operación Cóndor tenía, en cuanto al objetivo propuesto.
En su objetivo marcado en los documentos originales, mostraba los límites de una operación super secreta y elitista. Estaba dirigida a figuras importantes en lo político, que podían influir en la opinión mundial contra las dictaduras de la región. También a dirigencias de grupos político-militares que habían actuado en Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Bolivia, Paraguay y que habían creado la Junta Coordinadora Revolucionaria, utilizada como argumento por el general Manuel Contreras, jefe de la Dina chilena y anfitrión de la reunión donde se acordó la Operación Cóndor. A grandes rasgos: se creaba una “coordinadora” militar con alcance “transnacional”, para montar el perfecto esquema de ilegalidad criminal que fue la esencia de la Operación Cóndor.
Este es el primero pero no el último juicio, ya que se continuará con otros. Para eso se ha reunido una cantidad de prueba documental que se transforma en uno de los más importantes archivos judiciales, con aporte de varios países y testimonios que abrieron caminos insospechados con miles de documentos.
Viene otro periodo de trabajo investigativo: cruzar archivos de distintos países, interpretar los testimonios, etc. La fundamentación de la sentencia del 27 de mayo se conocerá en agosto y estará ajustada a uno de los más importantes esfuerzos que se hayan realizado para conocer a fondo el laberinto de la Operación Cóndor. Es un tema de justicia universal que nos compete a todos

Stella Calloni
En Buenos Aires

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 853, 10 de junio 2016).

 

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