Punto Final,Nº 854 – Desde el 24 de junio al 7 de julio de 2016.
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Demandas estudiantiles se toman la calle


Ante la evidente incapacidad del gobierno para establecer con claridad los términos de su proyecto de reforma educacional, el movimiento estudiantil ha iniciado una nueva ofensiva en su lucha por las reivindicaciones que levanta desde hace una década. Miles de estudiantes secundarios y universitarios se encuentran movilizados en marchas, tomas u otras acciones en espacios públicos, exigiendo su derecho a participar como actores relevantes en las reformas de los sistemas de educación escolar y superior.
Una compleja trama de intereses cruzados constituye la base de un modelo libremercadista de educación, basado en la feroz competencia de proyectos que se adecúan a las ley de la oferta y la demanda de distintos grupos sociales, estratificados según su nivel socioeconómico, bajo la premisa que el que más tiene mejor educación obtiene.
En el trasfondo de la reforma educacional se mueven variados actores económicos, sociales y políticos con intereses opuestos. En ese contexto, las demandas de esos actores difieren sustancialmente cuando se trata de definir el curso de la educación pública, la educación particular subvencionada o la particular pagada, básica o media. Lo mismo ocurre en la enseñanza superior con los intereses específicos que mueven a las universidades públicas, a las privadas tradicionales, a las privadas no tradicionales con vocación pública o las privadas implantadas en nichos de mercado en los sectores sociales de altos ingresos, o en los institutos profesionales o los centros de formación técnica.

SECTORES DE LA NUEVA MAYORIA COMPROMETIDOS CON EDUCACION DE MERCADO
El gobierno de la Nueva Mayoría -en particular la Democracia Cristiana- tiene fuertes compromisos con sectores privados vinculados con el mercado educacional, y con instituciones como la Iglesia Católica, el mayor sostenedor de la educación particular. Es un hecho público y notorio que al interior de la coalición de gobierno existe una fuerte pugna entre quienes conciben la educación como un derecho social y quienes la ven como un bien de mercado, coincidiendo en este punto con los planteamientos de la derecha tradicional y los grupos empresariales. Estas diferencias en el seno del oficialismo impiden al gobierno asegurar en la práctica una mayoría de votos en el Congreso para terminar con el modelo de educación de mercado.
La ampliación de la cobertura de la educación superior hacia sectores de la sociedad que hasta ahora no habían podido acceder a este nivel de enseñanza, ha sido presentada durante años como el mayor logro del modelo educativo mercantilizado; pero cifras entregadas recientemente por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ponen en tela de juicio este supuesto logro y la promesa de ascenso social e igualdad de oportunidades que le acompaña. Los datos del INE revelan que el 40% de los desempleados en Chile ha realizado estudios en educación superior y que el desempleo de los profesionales que poseen títulos universitarios, postítulos, maestrías y hasta doctorados se incrementó en un 26% en el último año. El desempleo de trabajadores con calificación técnico-profesional también aumentó en 39,2% en el mismo periodo.
El debate entre los que creen en la educación como un derecho social y los que la ven como otro negocio, se polariza en torno a tres ejes: el fortalecimiento o debilitamiento de la educación pública, el término o la persistencia del lucro y, los grados y la manera como se entiende la gratuidad de la enseñanza.
Los sectores más comprometidos con la lucha estudiantil se concentran actualmente en la educación media y las universidades privadas, que agrupan mayoritariamente a jóvenes de menos ingresos, que son también quienes acceden a una educación de menor calidad y ven esfumarse sus sueños de superación social y económica al momento de acceder al espacio laboral.

ESTUDIANTES SECUNDARIOS SE VUELVEN PROTAGONISTAS
Diego Arraño, vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) y presidente del Centro de Estudiantes del Internado Nacional Barros Arana (INBA), no espera gran cosa del cambio de ministro del Interior y cree que todo seguirá más o menos igual. “El ministro Mario Fernández es del mismo partido y tiene una trayectoria política parecida a la de su antecesor. Creo que seguirán reprimiendo a los estudiantes. Basta ver lo ocurrido en las ‘funas’ que hemos realizado luego de que asumiera. Nosotros actuamos de manera pacífica y nos golpearon más que antes. Así seguirán las cosas, porque este movimiento continuará hasta que consigamos una verdadera reforma estructural y sean escuchados nuestros planteamientos”.
Arraño ve al gobierno cerrado al diálogo con el movimiento estudiantil y con la represión como única respuesta a sus demandas. “Hemos sido golpeados, detenidos, torturados o incluso heridos con balines disparados por aquellos a los que en teoría se les paga para protegernos. Por todos lados estallan conflictos y demandas sociales y la única respuesta legislativa de la autoridad es el restablecimiento del control de identidad”. Dice que ese control preventivo es una excusa para criminalizar al movimiento social de los estudiantes, de los trabajadores o de las comunidades de base que reclaman contra injusticias o por el deterioro de sus condiciones de vida.
“Muchos de nuestros compañeros tienen rabia, sienten frustración y no saben cómo canalizar su malestar”. Respecto a los causantes de algunos destrozos ocurridos durante la toma del INBA agrega: “Vamos a conversar como comunidad escolar para que estas situaciones no se repitan, porque cada familia del Internado tendrá que poner de su bolsillo para reparar los destrozos causados”.
Dice Diego Arraño: “La alcaldesa Tohá es una hipócrita. En 2011 criticaba a Carabineros y a las autoridades de gobierno cuando nos desalojaban y ahora ella está haciendo lo mismo con nosotros. Si tanto quiere al INBA y que volvamos luego a clases, le aconsejo que se consiga plata para mejorar la educación pública de la comuna de Santiago con los que financiaron su campaña a alcaldesa”.
El dirigente opina que las tomas son un buen método para alertar a la población sobre el estado crítico de la educación, porque a través de estas acciones el movimiento estudiantil se organiza para conseguir que el Estado y la comunidad escolar cumplan su deber de financiar y administrar escuelas y liceos a través de aportes basales directos, para instituir de una vez por todas una educación pública, gratuita y de calidad. Según el dirigente, el equivocado enfoque que ha dado el gobierno a su reforma educacional, lo tiene ante un callejón sin salida, como consecuencia de su frustrado intento de conciliar un modelo de educación privatizadora con su oferta de gratuidad universal.

ESTUDIANTES CONSTRUYEN UNA COMUNIDAD EDUCATIVA
Los medios de comunicación funcionales al sistema neoliberal muestran al movimiento estudiantil como una horda destructora, pero omiten muchas experiencias surgidas a partir de las tomas de colegios. Un caso emblemático ha vivido la comunidad escolar del Liceo Experimental Manuel de Salas, tomado por sus alumnos durante varias semanas.
Vicente Opazo Cortés, vocero de este liceo de la comuna de Ñuñoa, dice que la toma se insertó en la demanda nacional de defensa de la educación pública y también en torno a la necesidad de debatir el proyecto educativo institucional del liceo, sustentado en la tradición de participación y propuestas creativas e innovadoras que ha caracterizado a sus estudiantes y maestros, expresada en una mirada crítica y reflexiva de su realidad.
“Asumimos la toma como una invitación a la comunidad escolar para hacerse partícipe de su liceo. Por eso hemos realizado este proceso de toma comunitaria del espacio. La nuestra ha sido una toma de puertas abiertas, con índices de participación estudiantil inéditos. En la primera semana tuvimos 350 personas durmiendo cada noche en el colegio y un número similar circulando durante el día, incluyendo a apoderados, profesores, visitantes y alumnos. Diseñamos una malla de talleres en la que profesores, apoderados y visitas nos entregaron sus conocimientos en ámbitos tan variados como el yoga o la economía política; con actividades desde las 8 de la mañana hasta la medianoche”.
El director del colegio, profesor Jorge Zubicueta Galaz, comunicó a los estudiantes que está dispuesto acoger muchas de sus propuestas. “Ante este nuevo escenario nos hemos puesto a redactar un petitorio elaborado por la comunidad estudiantil que entregaremos a la dirección apenas termine nuestro paro reflexivo. Toda nuestra labor se trabaja desde el asambleísmo, porque queremos construir todo desde la opinión de la comunidad”, dice Opazo.

MALESTAR EN LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS
Gustavo Orellana Acuña, presidente de la Federación de Estudiante de la Universidad Alberto Hurtado, una de las doce universidades privadas que se encuentran en paro o tomadas por sus alumnos, explica los objetivos que persigue este movimiento, que se basa en la defensa de los intereses comunes de los casi 300 mil estudiantes de universidades privadas, que demandan la erradicación del lucro abierto o encubierto en la enseñanza superior.
“El gobierno entiende la gratuidad como una beca o bono individual entregado a cada estudiante, y mediante este mecanismo hoy solo cubre las necesidades de educación gratuita del 12,5% de los jóvenes que la requieren. Lo peor es que todavía las universidades privadas no tenemos las mismas garantías que las universidades estatales, aunque la mayoría de los alumnos de escasos recursos están matriculados en el sistema privado de enseñanza superior”, agrega Orellana.
“Me parece que la propuesta del gobierno para reformar el modelo de educación universitaria es una agresión al movimiento estudiantil, hace caso omiso de las demandas que por más de diez años hemos venido enarbolando. Ahora tenemos la película más clara y nos damos cuenta que el gobierno representa intereses opuestos a los nuestros y que no quiere herir la estructura del sistema de mercado en la educación”, dice.
“Queremos que en Chile las instituciones de educación superior sean públicas o con vocación pública y para ello es necesario que todas cumplan con un marco regulatorio igualmente estricto. De otra forma la elite seguirá ocupando plazas en las mejores universidades públicas y los hijos de la clase proletaria tendrán que seguir endeudados con las universidades privadas.
Buscamos que se condene penalmente el lucro en la educación superior y que se instaure la gratuidad universal de la enseñanza. No queremos grupos controladores empresariales o políticos en las universidades, y postulamos que la gobernabilidad de los centros de educación superior pública o privada recaiga en una democracia interna ejercida por los distintos estamentos. Exigimos que todas las instituciones tengan que cumplir con altos estándares de excelencia docente, y desarrollen investigación y extensión al servicio del país, no para favorecer a grupos empresariales”, concluye.

RUBEN ANDINO MALDONADO

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 854, 24 de junio 2016).

 

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