Punto Final,Nº 856 – Desde el 22 de julio al 4 de agosto de 2016.
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Los vínculos de Cheyre con Lagos y el PS

 

 

JURAMENTO de lealtad a Pinochet, en 1996, del cuerpo de generales del ejército, entre ellos Juan Emilio Cheyre.



Pese al profundo viraje a la derecha experimentado por la Concertaci ón desde fines de los 80 (y que Edgardo Boeninger detalló crudamente en 1997 en su libro Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad), no dejó de llamar la atención la fervorosa defensa de Juan Emilio Cheyre hecha por Ricardo Lagos y el liderazgo del PS cuando, en 2013, el primero fue virtualmente obligado a renunciar a la presidencia del Servel, luego de su pobrísima defensa en televisión frente a los testimonios acusatorios de Ernesto Lejderman, hijo del matrimonio del argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María del Rosario Avalos, asesinados por militares del Regimiento Arica de La Serena en diciembre de 1973.
Ricardo Lagos dijo: “Creo que no es justo juzgar a Cheyre por lo que hace un teniente a los 25 años, qué otra cosa más podía hacer un teniente cuando se está en estado de guerra (sic)” (La Tercera; 28-8-2013). A su vez, Camilo Escalona proclamó que Cheyre no tiene “cuentas éticas pendientes” (El Mercurio; 24-8-2013). Y Enrique Correa señaló que “si Cheyre pudo ser comandante en jefe del primer presidente de Izquierda después de Allende es porque siempre tuvo su conciencia tranquila y nada ocultó ni nada olvidó” (La Tercera; 30-8-2013).
La actitud de Lagos y del liderazgo del PS hacia Cheyre puede entenderse perfectamente a la luz de antecedentes revelados por El Siglo en 2002: “En 1996, el ex dictador veía acercarse el final de su carrera militar y preparaba su inserción en el Senado. Cheyre (como agregado militar en España) organizó junto al embajador Alvaro Briones, socialista, un encuentro en Madrid entre la plana mayor del PS y una delegación militar (…) El entonces ministro de Obras Públicas (Ricardo Lagos), conversó con el asesor de Pinochet, Sergio Rillón; con el ex canciller, embajador y luego defensor del dictador, Hernán Felipe Errázuriz; con el coronel Carlos Molina Johnson; el director de la Academia de Guerra, coronel Jaime García y el comandante del Regimiento Maipo, coronel José Piuzzi. Por el Partido Socialista participaron el senador Jaime Gazmuri, el ex ministro Enrique Correa y Camilo Escalona” (El Siglo; 15-3-2002). Y en virtud de todo lo que ha pasado posteriormente, parece bastante plausible la versión del mismo periódico: “Allí se habló, sin duda, del destino de Pinochet y de las violaciones a los derechos humanos, de la institucionalidad y lo que venía. Lagos sería elegido presidente de la República. Allí terminó, también, el veto del ejército a los ‘políticos socialistas’. Fue un encuentro de diplomacia secreta, de acuerdos y garantías” (Ibid.). Reveladoramente, además, y siendo todavía embajador de Chile en España, Alvaro Briones escribió un artículo de prensa donde señaló: “En un proceso de transición (…) no puede haber culpables ni castigos. No puede haber vindicta pública, lo que es lo mismo que decir que debe buscarse conscientemente una suerte de amnesia pública” (La Epoca; 3-8-1997).
El hecho es que cuando Lagos designó comandante en jefe del ejército a Cheyre en 2002, ya existían denuncias responsables que implicaban al militar en las matanzas de la Caravana de la Muerte en La Serena, en octubre de 1973. Así, de acuerdo al libro del periodista Jorge Escalante, La misión era matar. El juicio a la caravana Pinochet-Arellano (LOM, 2000), un testigo protegido había declarado ante la justicia que en su paso por La Serena, donde se ejecutó a quince prisioneros fuera de todo proceso, “el general Arellano fue quien ordenó a los oficiales del regimiento para que dieran el tiro de gracia. Se supo que el capitán Mario Vargas fue muy maltratado por el general Arellano Stark, porque se negó a dispararle al prisionero que le correspondió rematar (…) los oficiales que participaron en estos hechos son los siguientes: capitán Mario Vargas Maguiles; teniente Juan Emilio Cheyre Espinosa; teniente Jaime Ojeda Torrent; subteniente Hernán Valdebenito Bugman; subteniente Mario Larenas Carmona; subteniente Guillermo Raby Arancibia; subteniente Julio Lafourcade Jiménez; mayor en retiro de apellido Délano; y el mayor de Sanidad Guido Díaz Pacci” (pp. 126-7). A su vez, El Siglo publicó el 15 de marzo de 2002, que dicho testigo era el ex oficial de ejército Pedro Rodríguez Bustos.
Además, en el libro de Escalante se señala que el teniente coronel Ariosto Lapostol -comandante del Regimiento Arica de La Serena, donde se realizaron los asesinatos- ordenó que los cuerpos no se entregasen a sus familiares y que fuesen sepultados rápidamente en el cementerio local, donde “los quince cuerpos fueron echados a una fosa de boca cuadrada de 2.30 por 2.30 metros y cerca de siete de profundidad, que se ubicaba en el patio Nº 4 y que estaba destinada al depósito de desechos hospitalarios. Encima de los cuerpos vaciaron sacos de cal para evitar el olor de la descomposición en que entrarían los cuerpos y volvieron a poner la losa de cemento que cubría la fosa, que sólo quedó sobrepuesta”. Además, “a su ayudante, el teniente Emilio Cheyre, el comandante Lapostol le ordenó que fuera al diario local El Día y avisara que en la primera página del día siguiente miércoles 17 de octubre debería ser publicado un bando que se entregaría para informar de la muerte de los quince prisioneros ‘por fusilamiento’” (p. 138).
También, en julio de 2001, los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos habían presentado una querella criminal contra Ariosto Lapostol y Emilio Cheyre y “todos los que resulten responsables” de la muerte a balazos y posterior ocultamiento de los cadáveres de los niños Rodrigo Palma Morales y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente, asesinados a balazos en La Herradura (Coquimbo) el 24 de diciembre de 1973 (ver El Siglo; 15-3-2002).
Por otro lado, luego de su nombramiento como comandante en jefe, en marzo de 2002, surgieron nuevas denuncias responsables en su contra. Así, la militante socialista Eliana Rodríguez Dubó denunció que ella fue detenida el 6 de octubre de 1973 en La Serena por varios militares, dirigidos por Emilio Cheyre y que “Cheyre me decía que me había buscado en muchos lugares y, por fin, había logrado ubicarme. Me acusaba de ser comunista. Le hice ver que no lo era. Se enfureció y me golpeó, delante de mis hijos. Los militares entraron a mi casa como en un asalto (…) Por orden de Cheyre, destruyeron la puerta, vidrios de las ventanas, muebles, etc”. Luego, señaló que fue llevada al Regimiento Arica, donde “fui violada para que confesara mi militancia y los nombres de la dirección del Partido Comunista en la región. Me aplicaron electricidad en los senos, debajo de las uñas de pies y manos, en la vagina”; y que en una ocasión “Juan Emilio Cheyre Espinosa dio orden para que se me fusilara ‘en vista que no delataba a nadie’. El falso fusilamiento se efectuó. Dijo ‘saquen a esta maraca afuera y mátenla’” (El Siglo; 22-3-2002).
En El Siglo del 15 de marzo de 2002 se informó también de las denuncias de torturas sufridas por el profesor Walter Araya en Copiapó, con antelación al plebiscito de 1988 y que habrían afectado a varios otros miembros del comité regional y local de las Juventudes Comunistas. En ese entonces Cheyre ejercía como intendente de Atacama y dictó una orden de aprehensión, reconociendo las detenciones días después de que ellos fueran secuestrados y torturados por agentes de la CNI. Las denuncias de torturas fueron hechas públicamente en su momento por el Obispado de Copiapó. Asimismo, en dicho ejemplar del periódico se informó de varios asesinatos efectuados por oficiales del Regimiento Arica -dentro y fuera del recinto- como los de los mencionados cónyuges Bernardo Lejderman y María del Rosario Avalos, y de José Rodríguez Torres y José Rodríguez Acosta, padre e hijo respectivamente. Y los que Lapostol y Cheyre -dada la especial verticalidad del ejército chileno- inverosímilmente podían haber desconocido.
Sin embargo, todo debate e información relevante sobre estos casos terminaron cuando, al día siguiente de la primera publicación de El Siglo, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, le contestó tajantemente a los periodistas “que el gobierno, el presidente Lagos y la ministra que habla están absolutamente convencidos que el general Cheyre es una persona íntegra y no tiene ningún tipo de delitos y crímenes sobre los cuales las personas debamos preocuparnos” (La Tercera; 16-3-2002).
Como lo señaló días después La Firme,“esta denuncia en sí (de El Siglo), es un golpe periodístico que debería haber concitado el interés de todos los medios de comunicación del país, el gobierno, el departamento de comunicaciones del ejército y los políticos que dicen defender los intereses del país y sus electores. Nuestra nación está enferma, los consensos han asesinado el alma nacional, todos complotan contra la verdad, nos exhiben un comandante en jefe como representante de una supuesta ‘aristocracia intelectual’ castrense” (La Firme; 2-4-2002). Hay que recordar, sí, que ya había tenido “éxito” la política de los sucesivos gobiernos de la Concertación de neutralizar (TVN) o privatizar los canales de televisión que podrían haber cuestionado la herencia de la dictadura; y de eliminar todos los medios escritos teóricamente afines al conglomerado y que laboriosamente habían surgido en la década de los 80.
Posteriormente, los reconocimientos de Cheyre de las violaciones de derechos humanos no se tradujeron en ningún cambio significativo de la institución. De partida, el mentado “Nunca más” fue fundamentalmente auto-exculpatorio: “Me refiero al nunca más de una clase política que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre de 1973. Nunca más a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron. Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida” (El Mercurio; 13-6-2003).
Sí efectuó un mea culpa el año siguiente: “El ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que, como institución, le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. Además, ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personas de su directa dependencia; las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad y a la reconciliación” (La Tercera; 5-11-2004). Sin embargo, aquella “cooperación” fue y es sólo formal. Todos los abogados y organizaciones de derechos humanos han señalado que hasta el día de hoy no han contado con ninguna colaboración sustancial del ejército en los casos en que efectivos suyos han sido procesados o condenados por graves violaciones de derechos humanos. De hecho, ninguna condena judicial se ha logrado en virtud de investigaciones internas de la institución. Más aún, el ejército no ha degradado siquiera a ninguno de sus oficiales condenados. Es decir, ha sido solo un mea culpa de palabra.
Y lo que llega a ser increíble, dado los numerosos antecedentes mencionados en este artículo, son las recientes expresiones sobre el procesamiento de Cheyre del ex presidente -¡y autoproclamado virtualmente como futuro candidato presidencial!- Ricardo Lagos Escobar: “Si han ocurrido hechos, y el juez debe tener elementos para hacer una declaración como la que él hace…, es distinta de la que en su momento tuvimos nosotros trece años atrás, donde no había ningún elemento que incriminara al general Cheyre (…) por supuesto que se hicieron todos los estudios, todos los análisis. Se consultó incluso el tema, de si había habido el tema de la Caravana de la Muerte, y la respuesta fue que no había nada” (El Mercurio; 9-7-2016).

FELIPE PORTALES

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 856, 22 de julio 2016).

 

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