Punto Final,Nº 858 – Desde el 19 de agosto hasta el 1 de septiembrede 2016.
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Milicia Republicana

Engendro armado de la derecha


Aunque durara sólo doce días, la República Socialista -encabezada por el comandante en jefe de la Aviación, Marmaduke Grove- introdujo una gran desconfianza en las clases más acomodadas de la población respecto de las fuerzas armadas. De este modo, el 24 de julio de 1932 se creó el grupo armado denominado “Milicia Republicana” como una entidad exclusivamente civil que, además de ser fuertemente anticomunista, se mantuvo vigilante de cualquier nueva aventura de los militares en política.
Su carácter político-social se evidenció desde un principio por la militancia de sus líderes. Así, entre sus oficiales se contaron destacados dirigentes de los partidos políticos tradicionales: los conservadores Fernando Aldunate Errázuriz, José María Cifuentes Gómez, Manuel Muñoz Cornejo, Lindor Pérez Gacitúa y Luis y Ramón Gutiérrez Alliende; los liberales Fernando Alessandri Rodríguez, José María Ríos Arias y Antonio Orrego Barros; y los radicales Juan Esteban Montero, Marcial Mora Miranda, Hernán Figueroa Anguita, Domingo Durán Morales, Litré Quiroga Arenas y Luis Cousiño Mac Iver, entre otros. Además, la Milicia contó con apoyo financiero de bancos y de grandes empresas.
De todas formas, hubo connotados miembros de las fuerzas armadas en retiro que formaron parte de ella y, más importante aún, “los profesionales de las armas fueron quienes impartieron la instrucción militar durante la etapa de la clandestinidad y posteriormente ayudaron a diseñar el aparato organizativo” (Verónica Valdivia. La Milicia Republicana. Los civiles en armas 1932-1936; Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 1992; p. 54). Una demostración más de que el “enemigo” principal de la Milicia fue el “comunismo” y no las fuerzas armadas.
La Milicia fue claramente inconstitucional en la medida que transgredía abiertamente el artículo 44 número 9 de la Constitución, que estipulaba que “sólo en virtud de una ley se puede (…) Fijar las fuerzas de mar y tierra que han de mantenerse en pie en tiempo de paz y guerra”; y el artículo que establecía que “ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido por las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo”.
Sin embargo, cuando Arturo Alessandri Palma asumió el gobierno, en diciembre de 1932, apoyó con todo desparpajo su existencia: “Comprendí la trascendental importancia de aquel organismo al calor de una verdadera necesidad nacional y de un abnegado patriotismo. Le dí, como era natural, mi más amplio y decidido apoyo, para que se formara y creciera” (Recuerdos de gobierno, Tomo III; Nascimento, 1967; p. 19).
Incluso una vez aprobada una ley de facultades extraordinarias que restringía, entre otros, el derecho de reunión, se efectuó el 7 de mayo de 1933 una gigantesca concentración de la Milicia en el Parque Cousiño (actual O’Higgins); y un posterior desfile de ella por Alameda. Como dicho acto se hizo con la aprobación de Alessandri, el ministro del Interior, Horacio Hevia, renunció inmediatamente, sin que su texto fuera siquiera publicado en los diarios.
Luego, el 12 de mayo, el diputado social-republicano Carlos Vicuña presentó un proyecto de acuerdo que decía: “La Cámara declara que las Milicias Republicanas deben ser disueltas y sus jefes procesados por sediciosos”. Fue rechazado por 67 votos contra 20 y tres abstenciones. Votaron en contra todos los conservadores, liberales y agrarios presentes; y casi todos los radicales. A favor votaron los socialistas, comunistas, radical-socialistas y varios demócratas.

“EL MERCURIO” APLAUDE
Por otro lado, la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció a favor de la Milicia, ante una denuncia de dos abogados. A su vez, ella contó con la fervorosa defensa de El Mercurio: “La Milicia Republicana sale hoy de la penumbra (…) Nada tenía que ocultar, porque sus ideales y sus métodos de acción son nobles, limpios y dignos de respeto y aprobación para todos los buenos ciudadanos. Es una hora histórica. No bastó la fuerza de la simple opinión pública imponderable, que es efectiva sólo en los tiempos de normalidad legal (…) Era preciso probar con hechos tangibles que la opinión de la inmensa mayoría del país (…) vela para impedir todo atentado contra el régimen democrático, venga de donde viniere (…) sea que se apoye en las armas o que se le quiera disfrazar con ideologías subversivas. La onda vigorosa ha comenzado a vibrar en las almas de miles de hombres. Lo que será en el futuro está dentro del secreto de nuestro destino como nación. Seguramente será (…) un punto de partida en la existencia de Chile” (7-5-1933).
Asimismo, el director general de la Armada, el contraalmirante Olegario Reyes del Río, dictó el 19 de mayo una “orden del día”, en que luego de un análisis político terminaba señalando: “La Armada considera conveniente a la salud de la República la existencia de las Milicias Republicanas, estimándolas como un cuerpo cooperador de sus funciones en orden a mantener la paz social y la tranquilidad interna, para que S. E. el presidente de la República pueda desarrollar su trabajo de reconstrucción nacional” (Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados; 23-5-1933).
Con Carabineros la Milicia desarrolló también excelentes relaciones. De este modo, durante la feroz represión realizada por aquellos en Ranquil en 1934, “tal como estaba planificado en una coyuntura como esta, ellos contaron con la colaboración de la Milicia Republicana de Cautín, que estuvo acuartelada durante los sucesos y en disposición de cubrir las comisarías” (Valdivia; p. 95).

LA MILICIA AMENAZA A POLITICOS DE IZQUIERDA
Entretanto, a medida que el Partido Radical iba girando hacia la Izquierda, aumentaron también los recelos de aquel hacia la Milicia. El punto de quiebre se produjo a comienzos de mayo de 1934, cuando fueron colocados artefactos explosivos en lugares de Santiago, incluyendo la casa del comandante en jefe de la Milicia, el doctor Julio Schwarzemberg. En reacción, el estado mayor de la Milicia sacó un amenazante comunicado de prensa dirigido explícitamente a los más connotados líderes de la Izquierda de la época: Marmaduke Grove, Virgilio Morales Vivanco, Pedro León Ugalde Naranjo, Guillermo Azócar Alvarez, Carlos Alberto Martínez, Juan Antonio Ríos, Juan Bautista Rossetti, Manuel Hidalgo Plaza, Juan Pradenas Muñoz, Raúl Puga Monsalve, Ramón Alzamora Ríos, Osvaldo Labarca Fuentes, Alfonso Quijano Olivares y Ricardo Latcham. De ellos, siete eran senadores y dos diputados. El texto decía: “El país tiene conocimiento de sus actividades demoledoras en contra del orden público y de la tranquilidad social. Mientras esas actividades que Ud. realiza en compañía de otros elementos tan despreciables como Ud., se limitaron a simples prédicas subversivas o a la preparación de fallidos complots, la Milicia Republicana pudo mantener una actitud pasiva en espera de los acontecimientos. Sin embargo, elementos malsanos que son sus hijos espirituales, cuando no sus agentes directos, han llegado con su perfidia y su audacia hasta atentar en contra de la vida del comandante en jefe de nuestra institución. La Milicia Republicana es respetuosa de la ley, pero también tiene conciencia de su responsabilidad y de sus derechos, y no admitirá ser la víctima indefensa de manos cobardes y criminales. En consecuencia, notifica a Ud. que lo hará responsable personalmente de cualquier atentado de esta naturaleza que vuelva a repetirse. Y procederá a castigarlo en forma implacable. Ninguna consideración política o jurídica la apartará de esta resolución” (El Mercurio; 6-5-1934).
Estas insólitas amenazas generaron naturalmente conmoción nacional. El presidente del Senado, Ignacio Urrutia Manzano, fue a protestar personalmente ante el ministro del Interior. El Senado se reunió informalmente (ya que no estaba en sesiones extraordinarias) y asistiendo 22 senadores. No pudo sacar un acuerdo en contra de dicha amenaza -que requería unanimidad por la oposición de senadores gobiernistas-. La junta central radical aprobó por gran mayoría solicitar la disolución de la Milicia y ordenar a sus militantes abandonarla. “La Izquierda de Chile” –que tenía a seis de sus miembros directivos entre los amenazados- declaró que “el estado mayor de la Milicia Republicana ha colocado definitivamente a este cuerpo al margen de la ley y de la Constitución, ha supeditado los poderes públicos; y ha incurrido en flagrante delito contra la seguridad interior del Estado” (La Opinión; 7-5-1934). A su vez, el Partido Socialista declaró que “frente al estado revolucionario fascista producido por la Milicia Republicana, invita a todas las organizaciones de trabajadores a obrar conjuntamente en un frente de defensa de sus derechos amagados” (Ibid.).
Pese a ello, el presidente Arturo Alessandri le manifestó a la Milicia “que su confianza en la institución no disminuía por lo acaecido” y que “justificaba y comprendía el arrebato de indignación que el atentado había provocado”; aunque le advertía que “como al gobierno es a quien incumbe mantener el orden público y perseguir el castigo de los delincuentes (…) les hago presente que deben abstenerse de ejecutar ninguno de aquellos actos que dentro del régimen constitucional republicano y democrático de gobierno que vivimos, son de la exclusiva incumbencia del gobierno constituido” (Valdivia; p. 78).
 Sin embargo, El Mercurio justificó plenamente la amenaza de la Milicia: “Los términos de aquella notificación no ofrecen margen para conjeturas aventuradas. En ellos se establece que la Milicia Republicana, impelida a defenderse de la violencia de los adversarios del orden social, no entrabaran (sic) sus actos consideraciones políticas o jurídicas, es decir, que sus miembros están dispuestos a tomar ante la ley las responsabilidades que les correspondan y a no hacer distingo de banderías políticas para defenderse enérgicamente de toda agresión. No hay ambigüedad que dé margen para el bullicioso revuelo con que los círculos izquierdistas han pretendido crear una atmósfera ingrata a la institución que el país mira con especial interés”. Y renovó su ferviente apoyo: “El ataque y defensa para la Milicia Republicana se va tornando por obra de las circunstancias y de la realidad nacional en una especie de símbolo. La conciencia de la ciudadanía advierte que la combaten los elementos políticos y sociales que buscan la turbulencia y la agitación demoledora; la defienden los que anhelan la paz y el orden, indispensables para el trabajo y para la vida ciudadana (…) Es, pues, natural que los elementos indeseables de la política traten, con cualquier pretexto, por absurdo que sea, de aminorar la inmensa y firme consideración que la Milicia Republicana, en sus dos años de existencia, se tiene ganada en el país” (10-5-1934).

DECADENCIA DE LA MILICIA
De todas formas la Milicia empezó a perder prioridad en la estrategia represiva del Gobierno. Ya era claro que el ejército no representaba amenaza alguna para él. Asimismo, la matanza de Ranquil demostró que Carabineros bastaba para reprimir sublevaciones populares. Además, la Milicia empezó a ser un factor adicional de división de Alessandri con los radicales, algo que aquel siempre trató de evitar. El hecho es que la Milicia comenzó a sufrir restricciones por parte del gobierno. Así, en agosto de 1934 el ministro del Interior (Luis Salas Romo) le objetó al intendente de Concepción la presencia de milicianos armados en el sepelio de uno de ellos. Y en septiembre se les impidió para Fiestas Patrias efectuar un desfile armado en dicha ciudad. A su vez, el 13 de octubre, en Santiago, Alessandri –aunque sí estuvo como observador- no solemnizó el desfile de milicianos desde el balcón de La Moneda, desfile efectuado luego de una gigantesca concentración en el Club Hípico.
Por otro lado, el discurso de su jefe, Julio Schwarzemberg, en dicha concentración fue revelador de su decadencia: “Doloroso es confesarlo: en esta labor hemos quedado solos, aislados, dentro de la gran masa del país que no ha comprendido o querido comprender que los esfuerzos de la Milicia Republicana tienden principalmente a ver realizada en la práctica la verdadera esencia del régimen constitucional y legal cual es la de organizar y disciplinar las corrientes de opinión en torno de altas idealidades (sic) de bien común” (Valdivia; p. 104).
De todos modos el gobierno y la derecha continuaron apoyándola. De tal manera que todavía a fines de 1935 los ministros del Interior (el general en retiro Luis Cabrera Negrete) y Defensa (Emilio Bello Codesido), y el intendente de Santiago (Julio Bustamante) reconocieron que seguían proveyendo de armamentos a la Milicia. Y los diputados de derecha derrotaron una acusación constitucional presentada contra aquellos -debido a dicho reconocimiento por los diputados de Izquierda-, la que contó con la abstención de los radicales.
Por último, la Milicia terminó autodisolviéndose el 3 de julio de 1936, mientras Alessandri recuperaba a tal grado su confianza en el ejército que comenzó la práctica -que se mantendría hasta 1973- de designar intendentes a oficiales en servicio activo o en retiro del ejército, así como de las demás ramas de las fuerzas armadas. Luego de su disolución, varios de los líderes de la Milicia constituyeron el Partido de Acción Republicana de orientación derechista corporativa. Y después de la segunda guerra mundial varios se reencontrarían sugerentemente con destacados políticos de centro y derecha (¡y hasta algunos socialistas!) en la Acción Chilena Anticomunista (ACHA).

FELIPE PORTALES (*)

(*) Este artículo es parte de una serie que pretende resaltar aspectos o episodios relevantes de nuestra historia que permanecen olvidados. Ellos constituyen elaboraciones extraídas de libro del autor, Los mitos de la democracia chilena, publicado por Editorial Catalonia.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 858, 19 de agosto 2016).


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