Punto Final, Nº 859 – Desde el 2 hasta el 15 de septiembre de 2016.
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II parte

DC-PC: décadas de ásperas relaciones

 

Desde el mismo día del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, la Democracia Cristiana se dividió en dos corrientes claramente identificadas. Una, encabezada por Eduardo Frei Montalva y Patricio Aylwin, confiaba en que los militares ordenarían el país y llamarían pronto a elecciones. La otra, conducida por Bernardo Leighton, Renán Fuentealba, Radomiro Tomic y Gabriel Valdés, creía necesario unir a todas las fuerzas políticas y sociales para enfrentar a la dictadura.
El periodista Ignacio González Camus en su libro Renán Fuentealba. En la génesis de la Concertación (Catalonia, agosto de 2007) revela con múltiples detalles el intercambio de cartas entre varios de los principales dirigentes de las dos tendencias del PDC en torno a la conducta del partido desde 1973 hasta 1977, cuando empezaron a coincidir sobre cómo plantearse frente al régimen militar.
El 7 de abril de 1975, por ejemplo, Renán Fuentealba, Bernardo Leighton, Radomiro Tomic, Claudio Huepe y Ricardo Hormazábal enviaron una carta a Patricio Aylwin, presidente del partido, donde le insistieron en las discrepancias que tenían con él en materia de estrategia política y conducción del PDC. Señalaron en parte:
“No compartimos tus apreciaciones sobre la significación de los partidos de fundamentación marxista en el mundo contemporáneo, ni sobre la imposibilidad o inconveniencia de determinados acuerdos de la Democracia Cristiana chilena con ellos. Sería una auto-limitación absurda para el Partido Demócrata Cristiano rechazar anticipadamente entendimientos con partidos marxistas sobre bases concretas. Creemos absolutamente ilusoria la pretensión de pensar en la construcción de una sociedad vitalmente democrática, socialista y pluralista en Chile, si no enfrentamos resueltamente este punto”. Y agregaban: “El acuerdo o entendimiento con los sectores marxistas o sus aliados, pasa necesariamente por el Partido Comunista. Si éste se sabe excluido, hará lo necesario para hacer fracasar todo intento de entendimiento que no lo considera. Y tiene armas y poder para hacerlo”.
En julio de 1975, en Colonia Tovar, Venezuela, organizada por la Fundación Ebert, de la socialdemocracia alemana, se efectuó una reunión ampliada de los partidos políticos chilenos, que sería el germen de la futura Concertación de Partidos por la Democracia que nacería a fines de los años 80.
A aquella cita asistieron Rafael Agustín Gumucio, ex senador de la Izquierda Cristiana; Sergio Bitar, ex ministro de Salvador Allende, de la Izquierda Cristiana; Hugo Miranda Ramírez, radical; Carlos Morales Abarzúa, ex diputado radical; Anselmo Sule, radical; Aniceto Rodríguez, socialista; Clodomiro Almeyda, ex ministro de Allende, socialista; Carmen Lazo, ex diputada socialista; Bernardo Leighton, ex ministro y ex diputado del PDC, Renán Fuentealba, DC; y Esteban Tomic, DC. Pese a la ausencia del PC, los participantes coincidieron en que ese partido no debía ser marginado o excluido del “compromiso nacional” que allí se había gestado, si aceptaba, como los demás, asumir las responsabilidades y obligaciones comprometidas en esa ocasión.
Aquella reunión provocó la furia de la dictadura chilena. Manuel Contreras, jefe de la Dina, viajó a Venezuela y pocos meses después, en octubre de 1975, se atentó en Roma contra la vida de Bernardo Leighton y su esposa, Anita Fresno.

UNIDOS EN LAS BASES
En Santiago en tanto, desde 1973 a fines de 1976, el PC fue acosado por la dictadura. Cientos de dirigentes fueron detenidos, asesinados y hechos desaparecer por la Dina y el Comando Conjunto. Sólo desde 1977 modificó sus estructuras para sobrevivir a los ataques represivos. Un pequeño grupo de dirigentes -entre los que destacaron Jorge Texier, Nicasio Farías (“Héctor”), Ramón Vargas, Criffé Cid (“Mariana”), Rodolfo Vivanco, Enrique Cisternas, Eliana Ahumada, Guillermo Teillier (“Sebastián”) e Inés Cornejo- logró mantener en pie una debilitada trama organizativa que permitió en dos o tres años recomponer el tejido partidario e iniciar los preparativos para hacer frente con “todas las formas de lucha” a la dictadura. A fines del verano de 1978 ingresó clandestinamente al país Gladys Marín y luego Manuel Cantero Prado, ambos integrantes de la comisión política. Dos meses después, en mayo, se constituyó el nuevo Equipo de Dirección Interior (EDI), encabezado por Gladys Marín, junto a Cantero (“Miguel”) y Oscar Riquelme (“El viejo Pablo”).
El EDI puso un especial énfasis en la seguridad. Nunca más fue detenido un integrante de la comisión política del PC. Las labores se concentraron en rearmar las estructuras internas y, en particular, el tejido sindical. Para ello, Moisés Labraña, responsable de ese sector en las JJ.CC., fue promovido a encargado sindical del partido e integrado al EDI. Labraña contaba con un equipo en el que destacaban Héctor Cuevas, Alamiro Guzmán y José Lecaros, entre otros. Los sindicalistas del PC consiguieron afinar vínculos con los principales dirigentes laborales de la Democracia Cristiana, donde figuraban Manuel Bustos, de los textiles; Eduardo Ríos, de los marítimos; y, Ernesto Vogel, de los ferroviarios.
A fines de mayo de 1976 diez importantes dirigentes sindicales, nueve de ellos vinculados al PDC, que afirmaban representar a 400 sindicatos y más de 600 mil trabajadores, enviaron un documento al gobierno donde reclamaron por la institucionalidad laboral que se estaba instaurando. Desde ese momento fueron conocidos como el Grupo de los Diez y muy pronto se le sumaron otras importantes organizaciones sindicales como la Confederación de Trabajadores del Plástico, la Federación de Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Salud y la Federación de Sindicatos del Banco Español.
El sindicalismo de Izquierda, mientras, se agrupó desde 1975 en la Coordinadora Nacional Sindical,(CNS), creada al alero del Centro de Estudios Laborales, dependiente de la Fundación Cardijn, que a su vez estaba estrechamente vinculada a la Iglesia Católica.
La CNS apareció públicamente en 1978, representando, según sostenía, a unos 400 sindicatos de base, principalmente industriales, de la pequeña y mediana minería y del campesinado. Entre los integrantes destacaban la Confederación Minera, Fensimet, Fenamex, Fiemec, Ranquil, UOC, Asociación de Pensionados, Obreros de Obras Sanitarias, la Federación de la Pintura y el Sindicato Gráfico.
También surgió el Frente Unitario de Trabajadores, (FUT), pequeña formación de sindicalistas cristianos, dirigidos por Carlos Frez, presidente destituido del Sindicato de Portuarios, ligado desde mucho antes a la Juventud Obrero Católica y al Movimiento Obrero de Acción Católica.

PRESENCIA EN LAS CALLES
Así, más de tres mil trabajadores de estos tres referentes sindicales convergieron el 1° de mayo de 1978 hacia la plaza Almagro, pocas cuadras al sur de La Moneda, para conmemorar el Día del Trabajo. Carabineros los obligó a dispersarse, pero se reagruparon a pocas cuadras de allí, en la iglesia de San Francisco, en la Alameda Bernardo O’Higgins, donde nuevamente fueron dispersados. Al promediar la tarde, piquetes de trabajadores seguían gritando consignas en diversos lugares del centro de Santiago. Al anochecer, el balance de las manifestaciones indicaba cerca de 400 detenidos. La dictadura y la prensa oficialista se vieron obligadas a reconocer, por primera vez, las manifestaciones callejeras disidentes.
El 7 de junio se efectuaron dos sorpresivas marchas por las calles céntricas de Santiago en solidaridad con los familiares de los detenidos desaparecidos. Se hizo frecuente la presencia de panfletos disidentes en lugares de gran concurrencia y empezaron a multiplicarse los rayados en los barrios y principales avenidas de las ciudades. En las sedes universitarias surgieron los mítines relámpagos y se multiplicaron las peñas folclóricas al alero de recintos religiosos y de algunos locales nocturnos. En las barriadas obreras, en tanto, empezaron a crearse todo tipo de organizaciones poblacionales. En todas ellas, comunistas y democratacristianos actuaban en conjunto.
A principios de septiembre de 1978, sorprendido y ofuscado por los síntomas de malestar sindical, el gobierno decretó el estado de sitio en el grado de conmoción interior. Se limitó el recurso de amparo ante los tribunales de justicia, se autorizó el arresto y relegación de personas, la cancelación de la nacionalidad y el procesamiento de los detenidos en los tribunales militares. Casi un mes después, el 20 de octubre de 1978, se decretó la ilegalidad de las principales entidades que conformaban la CNS, se allanaron sedes sindicales, se confiscaron bienes y cuentas bancarias y se detuvo a numerosos dirigentes. Al mismo tiempo se decretó también la renovación de dirigentes sindicales en el sector privado y muchos empresarios aprovecharon de despedir a los trabajadores opositores que podían resultar electos. En las semanas siguientes se renovaron unos nueve mil dirigentes laborales.
Intervinieron entonces varias de las principales organizaciones sindicales mundiales y la poderosa estadounidense AFL-CIO amenazó con un boicot a las exportaciones chilenas a partir de 1979. Alarmado, el gobierno militar anunció el nombramiento de un nuevo ministro del Trabajo, el economista José Piñera, quien asumió el 26 de diciembre. Se comprometió a normalizar las relaciones laborales y anunció la promulgación a mediados de 1979 de un Plan Laboral que pondría fin a los problemas.
Ni el PC ni los otros partidos de Izquierda, como tampoco un sector de la Democracia Cristiana, percibieron bien los efectos que el Plan Laboral provocaría entre los trabajadores. En julio de 1979 se promulgaron los principales decretos que impusieron la nueva institucionalidad laboral: la afiliación a los sindicatos dejó de ser obligatoria y se autorizó la formación de varios sindicatos en la misma empresa; la negociación colectiva pasó a ser por empresa y no por rama productiva; se autorizó el despido de trabajadores “por necesidades de la empresa”; se restringió el derecho a huelga hasta 60 días, pudiéndose reemplazar a los trabajadores luego de ese plazo y se postergó la jubilación de 60 a 65 años en caso de los hombres y de 55 a 60 entre las mujeres, entre otras medidas. Aquellas disposiciones fueron demoledoras; se debilitó en extremo al movimiento sindical y se impuso el miedo “a perder la pega”.
En 1980 y 1981, pese a las protestas de los dirigentes sindicales, se consolidó el Plan Laboral de Piñera. El Grupo de los Diez se transformó en la Unión Democrática de Trabajadores, (UDT), aunque sin varios dirigentes democratacristianos que fueron marginados, como Manuel Bustos, quien se transformó en líder de la CNS. En estos dos años el PC comprobó el retroceso del movimiento laboral y entonces el trabajo político se desplazó al mundo poblacional, al ámbito del “territorio”, en el lenguaje comunista. A fines de 1981 el PC mantenía unos 19 mil militantes y las JJ.CC. unos ocho mil.
Mientras esto ocurría en Chile, a partir de 1975 centenares de jóvenes chilenos comunistas eran formados militarmente en Cuba, en la URSS, en Bulgaria, Rumania, Hungría, en la RDA y en otros países socialistas. Muchos de ellos tuvieron su bautizo de fuego en Nicaragua, El Salvador y en Africa. Otros, fueron entrenados en acciones conspirativas urbanas y rurales o recibieron formación avanzada en las múltiples variantes de la inteligencia y la contrainteligencia. Al finalizar 1981, decenas de ellos estaban ansiosos de volver a Chile para enfrentar a la dictadura.
Al iniciarse la primavera de 1981, la CNI -reemplazante de la Dina- tuvo la certeza de que la tan temida unidad sindical opositora se estaba consiguiendo y que el principal forjador de ella era el presidente de los empleados fiscales, Tucapel Jiménez. El asunto era aún más grave pues Jiménez también sostenía conversaciones con algunos de los principales líderes políticos de la disidencia, entre ellos Eduardo Frei Montalva. El líder de la Anef y el ex mandatario se habían reunido en la Vicaría de la Pastoral Obrera junto a algunos dignatarios de la Iglesia Católica. Los analistas de la CNI llegaron a la conclusión de que se preparaba un paro nacional de impredecibles consecuencias.
A comienzos de 1982 el Partido Comunista, luego de casi cinco años de intenso debate interno, decidió poner en práctica su Política de Rebelión Popular de Masas (PRPM) y autorizó el ingreso al país de los primeros oficiales militares formados en Cuba. El giro del PC había sido anunciado públicamente en un discurso pronunciado en Moscú por el secretario general del partido, Luis Corvalán, el 3 de septiembre de 1980.

LAS PROTESTAS
Manuel Bustos y Héctor Cuevas fueron detenidos a comienzos de diciembre de 1982 y desterrados a Brasil. El 15 de marzo se firmó el Manifiesto Democrático, origen de la futura Alianza Democrática.
Los mineros del cobre empezaron a agitarse. El gobierno, en un desesperado intento por detener las movilizaciones, logró remover a Emilio Torres, presidente de la Confederación de los Trabajadores del Cobre. En su reemplazo, los trabajadores de Codelco pusieron a un joven dirigente, evangélico y sin militancia. Su nombre: Rodolfo Seguel.
En mayo se hizo un ampliado de la CTC en Punta de Tralca y surgió un acuerdo para efectuar un paro nacional. La Cepch, la Anef y el PDC se negaron a apoyarlo y como alternativa surgió llamar a una protesta nacional el 11 de mayo. La inédita convocatoria pidió a la población retirarse temprano a sus casas, no asistir a clases, abstenerse de efectuar compras y a las 20 horas, tocar cacerolas y apagar las luces de las casas.
Surgieron entonces las protestas y se aceleró el reagrupamiento político para terminar con la dictadura. En todas esas iniciativas, comunistas y democratacristianos actuaron unidos en las bases, pese a las continuas discrepancias entre sus dirigentes.

MANUEL SALAZAR SALVO

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 859, 2 de septiembre 2016).


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