Punto Final,Nº 860 – Desde el 16 hasta el 29 de septiembre de 2016.
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Golpe a golpe, y sin verso

 

El 17 de abril de este año Dilma Rousseff fue destituida por un golpe parlamentario-judicial-mediático, que terminó de ser consumado el 31 de agosto por el Senado brasileño. 61 senadores revocaron el mandato presidencial otorgado a Dilma por 54,5 millones de ciudadanos. Así suena “el samba democrático” en el país más poblado y económicamente más potente de Nuestra América. Se trata de una canción que ya escuchamos -con otros ritmos e instrumentos pero con la misma letra- en Honduras y Paraguay, y que se ensaya en otros rincones del continente.
Como en Paraguay y Honduras, los “parlamentarios” aparecen en la escena política ejerciendo la “mano dura” del poder político y económico transnacional-oligárquico, que articula allí alianzas y mandatos en abierta complicidad con el Poder Judicial. Cuentan a favor con la desinformación y confusión creados por el guión discursivo del boletín oficial del bloque de poder constituido por los grandes medios masivos de comunicación.
Cuando el 28 de junio de 2009 se concretó el golpe en Honduras, mucha gente dudó sobre su naturaleza, porque no se creía que “en pleno siglo XXI fuera posible un golpe de Estado en el continente”. Se pensaba ilusoriamente que el imperialismo ya no era tal, que no recurría a acciones destituyentes, golpes ni intervenciones. No se registró el golpe en Haití (contra Jean-Bertrand Aristide, en febrero del 2004), hasta el punto que varios gobiernos considerados “democráticos” participaron de su legitimación a través de la intervención de la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah), que continúa hasta el día de hoy.
También varios de los gobiernos llamados “progresistas” validaron la farsa electoral con que después del golpe de Estado se restituyó a Honduras en el SICA (Sistema de Integración Centroamericano) y en la OEA, resultado combinado del pragmatismo político, de la debilidad de análisis político, y del posmodernismo que atraviesa a la cultura y a la sociedad -también tal vez por la tranquilidad que daba esta posición. Muchos liderazgos políticos, amplios sectores de la sociedad, e incluso de los movimientos populares, creyeron que el escenario actual de las disputas políticas era exclusivamente el del “juego democrático” de las instituciones. Desactivaron la movilización social, amputaron la autonomía de los movimientos populares, y configuraron un pensamiento teórico de base socialdemócrata y estatista, que desarticuló a una parte relevante de los movimientos populares.
Tres años después, volvió a recibirse “con sorpresa” la destitución del presidente de Paraguay Fernando Lugo, (junio de 2012, después de la masacre de Curuguaty). El Parlamento paraguayo, en un juicio político sumarísimo, decidió un nuevo golpe de Estado en América Latina. El juicio concluido el 11 de julio pasado contra los campesinos por la Masacre de Curuguaty -de la que fueron víctimas principalmente los campesinos y la democracia paraguaya-, fue un despliegue de impunidad, que merecería la deslegitimación internacional del gobierno de Horacio Cartes. Sin embargo esto no sucede. La diplomacia internacional es otro actor de los golpes “blandos”, que favorecen las políticas “duras” y los intereses de las corporaciones transnacionales y las oligarquías locales.
Además de los ya mencionados, en los primeros años del siglo XXI se han producido otros intentos destituyentes. En el año 2001 en Venezuela los golpistas tomaron prisionero al presidente Hugo Chávez, quien en 48 horas fue liberado por la movilización popular. En 2008, hubo un intento de golpe en Bolivia. En 2010 otro intento de golpe en Ecuador. Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador viven bajo amenaza golpista hasta la actualidad.
El avance de las derechas en la región, fortalecido por el triunfo electoral de Mauricio Macri en Argentina, y por el envalentonamiento de la oposición en Venezuela (que el 1° de septiembre intentó un ejercicio golpista que resultó nuevamente ahogado por la movilización del pueblo chavista) y en Bolivia (con la tensa situación creada por el brutal asesinato del viceministro Rodolfo Illanes), es funcional al objetivo de Estados Unidos de retomar el absoluto control de la región, frente a la amenaza china y a la disputa con las transnacionales europeas. Los yanquis se proponen recuperar espacio, desarticular el Alba, imponer los tratados de libre comercio, paralizar el Mercosur, debilitar a Unasur, la Celac, fortalecer a la Alianza para el Pacífico, la OEA, y acabar definitivamente con otras iniciativas de integración. Con el golpe en Brasil, el camino les queda abierto para atacar directamente a Venezuela, su objetivo más preciado.
El periodista Pablo Ruiz en una nota publicada por Alai (Agencia Latinoamericana de Información), recuerda el papel de EE.UU. en los golpes. Señala: “Hoy la Fundación Nacional para la Democracia (NED), y la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid), entre otras iniciativas, juegan un papel muy importante, en conjunto con otras clásicas como la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA), como la nueva Escuela de las Américas (Whinsec) que sigue dando adoctrinamiento a la mayoría de las FF.AA. de América Latina”. Dice el investigador: “En septiembre de 2013, asumiría la embajada de EE.UU. en Brasil Liliana Ayalde, quien fuera embajadora en Paraguay cuando el Senado realizara también un impeachment a Fernando Lugo que lo destituyó. Ayalde, con una larga experiencia, fue directora de la Usaid en Colombia, también estuvo en Guatemala en los años 80, y en Nicaragua en los 90. Fue subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental que cubre Cuba, América Central y el Caribe. En el mismo mes, el periodista americano Glenn Greenwald, con acceso a los documentos del ex agente Edward Snowden, mostró documentos en los que se probaba que la Agencia Nacional de Seguridad de EE.UU. tenía interés y vigilaba las comunicaciones de la petrolera de Brasil, Petrobras. También se informó que las comunicaciones de la presidenta Dilma Rousseff estaban siendo monitoreadas por EE.UU.”. El analista político Mark Weisbrot, co-director del Centro de Investigación en Economía y Política en Washington, señaló a su vez que Thomas Shannon, funcionario del Departamento de Estado se reunió en abril con uno de los senadores golpistas, Aloysio Nunes, después que la Cámara de Diputados inició el proceso contra Dilma. Ese gesto -comenta Weisbrot- fue una señal clara de que EE.UU. avalaba el golpe.

LA TRAMA “MAIS TRAMPOSA DO MUNDO”
La acusación contra Dilma es haber cometido un delito de responsabilidad fiscal. No es una acusación de corrupción, ni se trata de un delito político -por lo cual debería haber sido juzgada además penalmente-. Lo que se le imputa es que en el marco de la crisis económica mundial, y de la reducción de los precios de los productos primarios que afectó especialmente a Brasil, Dilma recurrió al dinero de los bancos del Estado para sostener políticas públicas y programas sociales como Bolsa Familia, el Plan Safra de incentivo a la agricultura, entre otras. Ese dinero fue reembolsado después a los bancos por el Tesoro Nacional. Se trata de lo que en Argentina conocemos como “pedaleo”.
Es cierto que la ley de responsabilidad fiscal de Brasil impide que los bancos públicos financien proyectos públicos, pero ésta es una práctica habitual a la que recurren todos los gobiernos, dentro y fuera de Brasil. Sucede que el sistema bancario está pensado para financiar a la empresa privada. El gobierno del PT sufre ahora las consecuencias de no haber realizado a su tiempo las reformas necesarias. Frei Betto escribe autocríticamente: “Mantenerse en el poder, aún a costa de pactos espurios, cobró más importancia que alterar las estructuras arcaicas de la sociedad brasileña. Trece años de gobierno y ninguna reforma: ni la agraria, ni la laboral o la tributaria. Hoy el PT es víctima de omisión de la reforma política”.
Joao Pedro Stédile, líder del MST, sostiene a su vez: “El problema no era de Dilma, que hasta se esforzó para adoptar el ajuste fiscal exigido por la burguesía y entregó la política económica a Bradesco en 2015. No hubo crimen. Al final de cuentas, el Sr. Temer también firmó decretos de ‘pedaleo’ fiscal y más de 17 gobernadores, entre ellos el relator Anastasia. Ninguno de ellos fue castigado”. Sigue Stédile: “La burguesía precisa de un gobierno totalmente suyo para poder implementar su plan neoliberal, y así recuperar sus lucros y acumulación de capital frente a la grave crisis económica que vivimos aquí en Brasil, en América Latina y en todo el mundo. O sea, precisan cargar sobre las espaldas del pueblo los costos de la crisis. Y para eso es necesario tener el control absoluto de todos los poderes de la República: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los medios”.
Vale recordar, porque viene al caso, que la mayoría de los senadores “custodios de la democracia, de la ética y de la familia” están siendo juzgados por actos de corrupción. La mayoría de ellos han sido elegidos con el apoyo financiero de lo recaudado por Eduardo Cunha, pastor evangélico, líder del PMDB (el mismo partido de Temer), presidente de la Cámara de Diputados, que está siendo investigado por la Corte Suprema de Brasil por su participación en la Operación Lava Jato, por los delitos de corrupción y lavado de dinero. En diciembre de 2015, el PT votó a favor de que la Comisión de Etica de la Cámara de Diputados le diera curso al proceso de revocación del mandato de Cunha. El impeachment a Dilma fue la respuesta, y un modo de frenar esa investigación. Cuando se menciona la responsabilidad del Poder Judicial en la política golpista, se alude precisamente a los compromisos de los jueces y fiscales, que engavetan los juicios por corrupción de los líderes de la oposición como Aécio Neves o Eduardo Cunha, y sólo investigan a los políticos del PT.
En los fundamentos de los diputados y senadores que impulsaron el golpe, se podía oler la misoginia y el fascismo. El exceso de esta mezcla repulsiva lo dio el diputado Jair Bolsonaro, quien dedicó su voto al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador de la dictadura militar, que fue responsable del secuestro y tortura de Dilma cuando era una joven militante de Izquierda.
También fue parte del show el maltrato a las mujeres que apoyaban a la mandataria. Señala Nalu Faria, dirigente de la Marcha Mundial de Mujeres, que “todo el proceso del golpe, y el golpe mismo, fue muy patriarcal. Por la manera en que Dilma fue tratada, con expresiones muy machistas, con fundamentos en el voto ‘por la familia’”. Fue impactante por eso la respuesta dada a los impulsores del impeachment por un diputado de Izquierda, Jason Wyllys, del PSOL (Partido Socialismo y Libertad), quien en el estrado de la votación denunció: “Esta es una farsa sexista”, y dedicó su voto al movimiento LGTB, a los sin techo, a los sin tierra, al pueblo negro. Aseguró: “Quedaré en la historia como el primer diputado LGTB. Pero no por haber apoyado un golpe”. El diputado Bolsonaro, fiel a su ideología, le gritó entonces “maricón”. La repuesta de Willys fue un escupitajo al fascista misógino y homofóbico. Si por algo fue criticado Willis, fue por no dar en el blanco.

RETOMAR LAS CALLES
La disputa continúa ahora en las calles. Miles de brasileñas y brasileños se están movilizando en estos días. Los movimientos populares se encuentran ante el desafío de enfrentar las consecuencias de la crisis social en una economía que ya estaba en recesión, donde la elite oligárquica prepara un fuerte ajuste fiscal. Un gobierno sin legitimidad popular, aplicando un duro ajuste, va a profundizar la crisis, y a sostenerse a partir de mayor represión.
Para las fuerzas de Izquierda está pendiente también un análisis autocrítico, que permita comprender los límites de las políticas que han llevado adelante los gobiernos progresistas, la fragilidad de las conquistas logradas, la rapidez con que se están pulverizando muchos logros y derechos ganados por el pueblo. Se necesita reflexión, análisis, y no dejar las calles. También comprender que hay batallas que no están cerradas, y que se debe estar alertas para defender cada conquista, y entre las conquistas cuidar a la revolución venezolana, a la revolución cubana, a los procesos de descolonización como el de Bolivia, actualizando y multiplicando los mecanismos de encuentro y unidad del continente desde abajo y a la Izquierda.

CLAUDIA KOROL
En Buenos Aires

(Publicado en  “Punto Final”, edición Nº 860, 16 de septiembre 2016).

 

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