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Buitres sobre Venezuela

 

El gobierno de Chile está participando activamente en la campaña internacional que intenta derrocar al gobierno democrático de Venezuela. La operación, desde luego, la dirige la Casa Blanca y en ella participa incluso el Pentágono. El encargado de implementarla en Chile es el canciller Heraldo Muñoz, que cumple su misión con singular dedicación. Ciertamente no podría actuar de ese modo si no contara con el visto bueno de la presidenta Michelle Bachelet, responsable de la conducción de la política exterior del país. Apoyan la política injerencista de Chile los partidos que se identifican con la oposición golpista venezolana, entre los cuales destacan la Democracia Cristiana y el Partido Socialista.

La potencia militar más grande del mundo acusa a nuestra hermana Venezuela de ser una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.(1) Esta ridícula acusación -inquietantemente parecida a otras que el imperio dirigió a países que fueron invadidos por EE.UU.-, encubre el verdadero motivo de la agresividad de la Casa Blanca. El propósito real es recuperar el dominio de un país cercano a sus costas que posee las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo. Venezuela es la joya de la corona en el Caribe. La patria de Bolívar y Chávez es también el primer país en América Latina (y el tercero en el mundo) en reservas de gas natural; posee importantes yacimientos de hierro, bauxita, oro, diamantes, manganeso, etc. Es una presa de incalculable valor para la voracidad estratégica de una gran potencia industrial y militar. Lo reconoce francamente el Comando Sur del Pentágono, que alista planes de intervención para “salvar” a Venezuela de una presunta “crisis humanitaria”.

Durante muchos años la economía, la política y la cultura del país caribeño se decidían en Washington. Lo mismo sucedía en toda América Latina salvo -desde 1959- en la Cuba revolucionaria y el breve paréntesis del Chile de Salvador Allende en los años 70. La subordinación venezolana a EE.UU., sin embargo, comenzó a declinar en 1999. El gobierno del presidente Hugo Chávez convocó a una Asamblea Constituyente que elaboró una nueva Constitución. De ella nació la República Bolivariana de Venezuela. Con esa Constitución como bandera, Chávez nacionalizó el petróleo e inició profundas transformaciones sociales, económicas y culturales que definió como el camino hacia el “socialismo del siglo XXI”. Su sucesor, Nicolás Maduro, un ex dirigente sindical, militante de Izquierda de toda la vida, ha proseguido esa ruta en medio de grandes dificultades derivadas sobre todo del desplome del precio del petróleo pero también de errores y titubeos del propio gobierno, agudizados por la dependencia histórica de la importación de alimentos y medicinas. No obstante, la base social y política del proyecto bolivariano -que es la unidad pueblo-fuerzas armadas- se ha hecho cargo sin vacilación de su responsabilidad histórica.

 La Constitución venezolana es la más democrática de América Latina. La redactaron personas que sufrieron la persecución de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y la violencia represiva de los gobiernos socialdemócratas y socialcristianos de la llamada IV República. Esa Constitución -se imprimió en millones de ejemplares- el pueblo la conoce muy bien. Fue la matriz ideológica que Chávez invocó para iniciar el proceso revolucionario que hoy se ve amenazado. Asimismo, se convirtió en fuente de inspiración de un vigoroso esfuerzo de unidad e integración de América Latina. El primer resultado de esa política fue la derrota del Alca.(2) Venezuela, Brasil y Argentina encabezaron este desafío que llenó de orgullo al sentimiento latinoamericano antimperialista. Luego vinieron los frutos de la política bolivariana. Nacieron el Alba, Unasur, Celac, el Banco del Sur, Petrocaribe, etc., y se fortaleció el Mercosur. El imperio no podía tolerar esa agitación en su patio trasero e inició actividades para aplastar un movimiento que cada día tomaba más fuerza. Encontró su principal aliado en la oposición interna. El 11 de abril de 2002 estas fuerzas consiguieron articular un golpe de Estado. Durante 47 horas la Presidencia la ocupó Pedro Carmona, presidente de Fedecámaras (equivalente a la Confederación de la Producción y el Comercio en Chile). Pero la alianza pueblo-fuerzas armadas reaccionó con vigor y desalojó de Miraflores a los usurpadores. El pueblo se tomó las calles y el ejército rescató a Chávez de su prisión en la isla La Orchila.

 El golpe nonato dejó al descubierto muchas cosas, entre ellas el cinismo del gobierno de Chile en sus relaciones con Venezuela. El presidente “socialista” Ricardo Lagos y su canciller democratacristiana, Soledad Alvear, dieron en esa ocasión un paso en falso. Creyeron que el golpe había triunfado. El embajador chileno en Caracas, Marcos Alvarez, fue instruido por la Cancillería para reconocer al nuevo “presidente”. Por su parte la canciller Alvear redactó una declaración -para la antología de la hipocresía diplomática- señalando: “El gobierno de Chile lamenta que la conducción del gobierno venezolano haya llevado a la alteración de la institucionalidad democrática, violentando la Carta Democrática Interamericana”. Es el mismo estilo melifluo y cínico que la Cancillería chilena sigue usando para golpear a Venezuela junto con las declaraciones del mismo tenor que periódicamente emiten el Senado y la Cámara de Diputados. Dos años más tarde -en la Cumbre de las Américas en Monterrey, México-, el presidente Hugo Chávez recordó aquel incidente: “Se cortó la cuerda por lo más delgado: sacaron al embajador. El embajador chileno fue a despedirse, yo lo recibí, y casi llorando me dijo: ‘Yo soy inocente, yo cumplí instrucciones y me están sacrificando’”.

Hay una línea de continuidad en la vergonzosa conducta de la Cancillería chilena respecto a Venezuela. Ayer Soledad Alvear (DC), hoy Heraldo Muñoz (PPD), han embarcado a Chile en la campaña que dirige EE.UU. Ayer Ricardo Lagos y hoy Michelle Bachelet, ambos “socialistas”, son en definitiva los responsables. Lagos sigue siendo un actor activo en la ofensiva contra Venezuela. Bachelet, por su parte, acaba de hacer un discurso en Naciones Unidas que critica a Venezuela sin nombrarla. Bachelet fue elogiada por el canciller golpista de Brasil, José Serra, que junto con Argentina, Paraguay y Uruguay rechazan el derecho de Venezuela a presidir el Mercosur. El Mercurioinforma también que Bachelet se reunió en Nueva York con “ejecutivos norteamericanos” con los cuales discutió “una salida política a la crisis venezolana”. Asimismo abordó el tema con Luis Almagro, secretario general de la OEA, desvergonzado agente de las políticas norteamericanas. Asimismo, en una reunión con presidentes de la Alianza del Pacífico, Bachelet manifestó su preocupación porque “algo puede salirse de control” en Venezuela.

 El canciller Heraldo Muñoz, a su vez, ha perdido toda mesura diplomática en su empeño por utilizar el “caso Jatar” como misil político contra Venezuela. El artificial asunto ha servido a la Cancillería para hacer declaraciones impregnadas de mala intención contra Venezuela, aliñadas con reiterados llamados al diálogo gobierno-oposición. La Cancillería aparenta ignorar que el gobierno venezolano viene planteando el diálogo hace tiempo. Ha promovido la mediación de Unasur, de los ex presidentes de España, Panamá y República Dominicana, y ahora del Papa Francisco. En Colombia el presidente Maduro se ha reunido con el secretario de Estado, John Kerry. Los contactos privados para iniciar un diálogo formal con la oposición ya se iniciaron pero no se llegará a acuerdos si la oposición no abandona su propósito de derrocar al presidente. Ciego y sordo a los intereses de América Latina que son apoyar la independencia del hermano en problemas, el gobierno chileno se esfuerza en descomponer las relaciones con Venezuela para contribuir a la desestabilización del país. Muñoz ha puesto la Cancillería a disposición de la familia de Braulio Jatar, convertido para estos efectos en un “periodista chileno” detenido abusivamente en Venezuela. El canciller y las embajadas chilenas en Caracas y Washington mantienen “comunicación constante” con familiares de Jatar, que para Venezuela “es venezolano, tiene su domicilio en Venezuela, su actividad económica principal la ejerce en Venezuela, y cometió delitos en territorio venezolano”.

El Estado de Chile, sin vuelta de hoja, está interviniendo en los asuntos internos de un país hermano. En este asunto no están en juego los derechos humanos. Lo que se juega es el derecho de Venezuela a construir su destino en forma independiente. Lo mismo que intentó Chile en los años 70. Ese solo hecho debería motivarnos a ser el país más celoso en la defensa de la autodeterminación de los pueblos y de la unidad e integración latinoamericana. El derrocamiento de Maduro es una acción temeraria que podría desencadenar una guerra civil y facilitar la intervención militar de EE.UU.

Chile debe respetar la Constitución y las leyes de Venezuela y no entrometerse en sus asuntos internos. En la nación hermana se respetan los derechos humanos tanto o más que en EE.UU. o Chile. Hay ilimitada libertad de prensa: mucho más que en Chile. Funciona el Estado de derecho. La oposición controla la Asamblea Nacional y sus partidos efectúan cuantas manifestaciones callejeras les da la gana. Desde el 12 de abril de este año está en proceso un referendo revocatorio del mandato del presidente. Ha entrado en la etapa de reunir el 20% de las firmas de los electores para convocar al revocatorio. Los plazos legales indican que se efectuará en el primer trimestre del próximo año. La oposición quería que fuese este año, pero se atrasó cuatro meses en iniciar el procedimiento que lo habría permitido.

¿Es lícito y moral que EE.UU. y otros países como Chile se empeñen en ayudar a la oposición venezolana a violar la ley, y efectuar el revocatorio sin cumplir los requisitos que disponen el artículo 72 de la Constitución y las normas del Consejo Nacional Electoral vigentes hace más de ocho años?

Es evidente que se intenta llevar a cabo otro “golpe blando” como los de Brasil, Paraguay y Honduras.

Chile no puede participar en esta tenebrosa maniobra que nos cubriría de vergüenza como nación. Chile debe respetar los principios de solidaridad latinoamericana y la soberanía de Venezuela.

¡Levantemos la solidaridad con Venezuela. Es el deber de nuestro tiempo en América Latina!

 

PF

(1) Decreto del presidente Barack Obama, 9 de abril de 2015.

(2) Area de Libre Comercio de las Américas.

(Editorial de “Punto Final”, edición Nº 861, 30 de septiembre 2016).


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