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Editorial 862

¿Quo Vadis, Chile?

 

La indiferencia que rodea las elecciones municipales del 23 de octubre es una prueba más de la crisis política e institucional que vive el país. Chile ha perdido el rumbo y sus ciudadanos han renunciado -temporalmente- a su derecho y deber de gobernar la nación.
En rigor, las elecciones municipales son las más importantes para la democracia. Las 346 comunas -que deberían ser más en el área urbana para acercar el poder local a los ciudadanos-, son la matriz natural de la democracia participativa que hace falta en Chile. La comuna es el espacio donde puede hacerse efectiva la igualdad de los ciudadanos para que el rumbo de la nación se determine desde la base de la sociedad. Sin embargo, los municipios sufren ahora el mismo fenómeno de deterioro y deslegitimación que afecta al conjunto de la institucionalidad. En los hechos la pirámide de la corrupción política comienza en el municipio. Allí nacen los oscuros manejos que han convertido a la política en socia de los negocios. En vez de escuelas de la democracia y la ética política, las municipalidades son feudos del partido o coalición que gana elecciones cada vez más menguadas en asistencia de ciudadanos. Muchos de los escándalos conocidos en los últimos años -sobre todo en los rubros inmobiliario, reciclaje de basura, patentes, etc.- nacieron en las municipalidades y escalaron hasta los más altos niveles de la administración pública.
La corrupción es la sombra de todo sistema en que los ciudadanos carezcan del derecho de revocar el mandato de las autoridades. Esa facultad es incompatible con el sistema capitalista extremo que se impuso a Chile, basado en una brutal injusticia y en la ausencia de todo escrúpulo que dificulte la codicia. El cohecho de autoridades y políticos es una práctica corriente en Chile. Algunos casos se han develado con estrépito periodístico, por ejemplo sobre la Ley de Pesca, Soquimich, Penta, Caval, etc. Con seguridad no son los únicos ni las denuncias alcanzan todavía las alturas en que se refugian los máximos culpables.
La corrupción siempre significa un atropello de derechos legítimos, a veces de millones de personas. Un ejemplo son las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ese sistema de ahorro obligatorio para diez millones de trabajadores permite que 150 mil millones de dólares sean utilizados por grupos financieros para especular a su antojo. A ese botín hay que añadir las cotizaciones declaradas y no pagadas por los empleadores. No son sumas insignificantes porque de los diez millones de afiliados a AFP, sólo registran cotizaciones poco más de cinco millones.(1)
Ya resulta insoportable un sistema de pensiones como el actual. El promedio de ahorro individual -algo menos de 25 millones de pesos- promete una pensión máxima de 125 mil pesos, la mitad de un salario mínimo. Y esto después de toda una vida de trabajo. Al respecto, hay que destacar la intensa actividad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP que está abriendo un camino de confluencia a las demandas del pueblo.
La diferencia de ingresos marca la frontera de la desigualdad que coloca a Chile -donde el 10% más rico gana casi 27 veces más que el 10% más pobre- como uno de los países más desiguales del mundo. ¿Cómo se puede tolerar un salario mínimo de 257.500 pesos mensuales, o menos, por jornadas exhaustivas de trabajo? Es lo que reciben 532.047 trabajadores.(2) En cambio parlamentarios, asesores de ministerios, ministros, etc., ganan hasta 15 o más millones de pesos. Gerentes y otros ejecutivos del área privada, más aún. El contador de Penta -holding financiero de la UDI- ganaba 73 millones de pesos mensuales.
Somos 17 millones y medio de chilenos pero solo diez personas reúnen fortunas que superan a toda la población. Ellos son: Iris Fontbona viuda de Luksic, 10.400 millones de dólares; Horst Paulmann, 5 mil millones; Sebastián Piñera, 2.500 millones; Alvaro Saieh, 2.300 millones; Bernardo Matte Larraín, 2.300 millones; Patricia Matte Larraín, 2.300 millones; Eliodoro Matte Larraín, 2.300 millones; Julio Ponce Lerou, 2 mil millones; Roberto Angelini, 1.200 millones, y Luis Enrique Yarur, 1.100 millones de dólares. ¿Cuánto ganan al mes estas diez personas, cabezas de grupos financieros, mientras 2 millones 300 mil trabajadores se desloman para cobrar un salario igual o inferior a 500 mil pesos? Tiene razón -y se queda corto- el obispo Alejandro Goic que ha propuesto un “salario ético” de 400 mil pesos.(3) Hace unos años el vicario de la Pastoral Obrera, Alfonso Baeza Donoso, propuso algo más audaz: fijar también un “salario máximo” para corregir la desigualdad de ingresos.
Tenemos que pensar a Chile de mañana inmerso e integrado en la región latinoamericana. La crisis capitalista tiene al mundo en zozobra y se visualiza el despeñadero nuclear. La derecha reaparece en Europa agitando el racismo y el fascismo para enfrentar la ola migratoria causada por las guerras y el hambre que EE.UU. y esas mismas potencias han provocado. La migración forzosa desde el Medio Oriente y Africa cobra diariamente decenas de víctimas -entre ellas muchos niños- en el Mediterráneo. Esta es la tragedia humanitaria más horrible de esta época. El drama de Siria, Iraq, Afganistán y el pueblo palestino alcanza rangos de delitos de lesa humanidad. El calentamiento global, fruto mortal de las potencias industriales, produce catástrofes climáticas que azotan a las poblaciones más pobres del planeta. Inundaciones, sequías, hambrunas, migraciones masivas, esperan al mundo si continúa sujeto a la hegemonía demencial del capitalismo.
En EE.UU. cualquiera de los dos candidatos que llegue a la Casa Blanca el 8 de noviembre, reforzará las políticas intervencionistas de Obama y sus predecesores. El complejo industrial-militar seguirá gobernando la primera potencia mundial. En América Latina la estrategia imperial para controlar las reservas de petróleo, gas, agua, cobre, hierro, etc., acentuará su acoso. Ha logrado instalar gobiernos derechistas en Brasil y Argentina. Venezuela es el país más amenazado, tanto si gana Clinton como si el triunfador es Trump. El bloqueo y la ocupación de Guantánamo continuarán presionando a Cuba en el vano intento de provocar el derrumbe de su revolución socialista.
Chile tiene que prepararse para asumir su deber de solidaridad con la Humanidad y en particular con nuestros hermanos de América Latina y el Caribe. Esto tiene que ver, como todo lo anterior, con el necesario ajuste del sistema político e institucional heredado de la dictadura. El camino democrático de hacerlo es mediante la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Una nueva Constitución permitirá una institucionalidad realmente democrática y administrar los recursos del Estado con honradez al servicio del pueblo en salud, educación, vivienda y seguridad social. El Chile de hoy, gobernado por legatarios de la dictadura, exhibe llagas vergonzosas que urge curar. Ejemplos: los centenares de niños que han muerto en dependencias del Servicio Nacional de Menores (Sename). Lo que ocurre con niños confiados a la protección del Estado, se reproduce con los ancianos postrados en miserables “hogares de reposo”. Los malos tratos culminan a veces con la muerte en incendios que se repiten con frecuencia debido a la pobre infraestructura de tales “hogares”. Los derechos humanos más elementales se ven pisoteados en las cárceles. Las dantescas condiciones de los presos han producido informes judiciales que son testimonios del horror. La situación de acoso policial permanente que vive el pueblo mapuche, la violencia de las Fuerzas Especiales de Carabineros contra manifestaciones pacíficas, la tortura en recintos policiales, la restricción del derecho de reunión, la detención por sospecha, etc., han sido criticados muchas veces, sin resultados, por relatores de Naciones Unidas. En síntesis: en materia de derechos humanos Chile carece de autoridad moral para criticar a otros países como hace la Cancillería.
La cohesión ciudadana en defensa de un proyecto de cambios sociales, políticos y culturales necesita romper el statu quo. La vía democrática de hacerlo es a través de una Asamblea Constituyente. Chile no puede seguir ignorando sus falencias de todo orden. Gastar 5.500 millones de dólares anuales en armamento, por ejemplo, es una bofetada en el rostro de la pobreza. La vulnerabilidad del país no está en la defensa nacional. Chile es la tercera potencia militar del continente, después de México y Brasil. Pero nuestro talón de Aquiles consiste en que somos uno de los países más desiguales del mundo. El despilfarro en armamento -rubro en el cual también hace estragos la corrupción- solo sirve para ocultar la indigencia en salud, educación y vivienda. En definitiva la “exitosa” economía se reduce a 20 millones de tarjetas de crédito, 4 millones de automóviles y 24 millones de celulares. El resultado de este carnaval de la irresponsabilidad es una población endeudada e indiferente a la suerte del país. Una vistosa economía de relumbrón que permite a las transnacionales apropiarse de las riquezas naturales y hasta de los ahorros de los trabajadores.

MANUEL CABIESES DONOSO

(1) Datos de la Superintendencia de AFP, junio 2016.
(2) De acuerdo al Seguro de Cesantía de la Superintendencia de AFP, mayo 2016.
(3) La Tercera, 17 de junio, 2016.

Editorial de “Punto Final”, edición Nº 862, 14 de octubre 2016.

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