Punto Final, Nº 883 – Desde el 1 hasta el 14 de septiembre de 2017.
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Derecha y Falange convalidaron masacre del Seguro Obrero



La derecha y la Falange Nacional justificaron en la práctica la masacre de los jóvenes nacis(1) rendidos en el edificio del Seguro Obrero el 5 de septiembre de 1938 (ver PF 880). De partida El Diario Ilustrado falseó o justificó la matanza -al igual que Alessandri- al titular su información “Nacistas fueron muertos por sus propios compañeros” (9-9-1938), prefigurando el comportamiento de la prensa de derecha durante la dictadura de Pinochet, cuando se hizo eco de las falsedades propaladas por los servicios de inteligencia (Operación Colombo) en el sentido de que 119 miristas se habían matado entre ellos en Argentina y Brasil.
A su vez, El Mercurio señaló que “los trágicos acontecimientos de anteayer (…) han servido para demostrar la alta concepción de sus deberes que tienen las fuerzas defensoras del orden. Con un sentido profundo de su responsabilidad, han afrontado heroicamente su misión” (7-9-1938). Además, añadió que el intento naci “consultaba (…) exterminar a miembros del gobierno, altos jefes del ejército y Carabineros y parlamentarios (…) En efecto, se debía empezar por los jefes socialistas señores Marmaduke Grove y Oscar Schnake; luego el dirigente comunista don Elías Lafertte; los candidatos presidenciales señores Gustavo Ross Santa María y Pedro Aguirre Cerda y algunos periodistas” (11-9-1938). Después el plan contemplaba “el establecimiento de un periodo sangriento, denominado las ‘48 horas rojas’, durante el cual pagarían con la vida varios cientos de ciudadanos su desafecto al nacismo y su repudio al régimen que iba a implantar el señor González von Marées junto al general Ibáñez y connotados partidarios de ambos” (12-9-1938).
Es decir, ¡prefiguró el grotesco Plan Z que buscó legitimar el golpe de Estado de septiembre de 1973!

CAMPAÑA DEL TERROR
La Nación llegó aún más lejos en su delirio, porque a la versión mercurial había agregado en días anteriores que “si los nacis hubiesen tomado el poder habrían intentado confiscar los bienes de la Iglesia Católica, expulsar los sacerdotes extranjeros del país y prohibir la práctica de la religión” (Michael Potashnik. Nacismo: National Socialism in Chile 1932-1938; Tesis inédita, Universidad de California, 1974; p. 316). Y El Mercurio se asombraba de ver “tanta ceguera, tanta injusticia”, como pensar en un “premeditado propósito (gobiernista) de masacrar y asesinar a quienes sucumbieron dentro del edificio del Seguro” (Gonzalo Vial. Historia de Chile (1891-1973) De la República Socialista al Frente Popular (1931-1938), Volumen V; Edit. Zig-Zag, 2001; p. 539).
Por otro lado, el senador alessandrista independiente, Enrique Bravo, señaló también que los nacistas “fueron muertos por sus mismos compañeros que estaban en los pisos superiores del edificio de la Caja de Seguro” (Boletín de Sesiones del Senado; 6-9-1938). A su vez, el presidente del Partido Conservador, Horacio Walker, afirmó que la acusación de “asesinato de algunos jóvenes en la Caja de Seguro Obligatorio, no tiene ninguna base”; y justificó el envío de aquellos anteriormente rendidos en la casa central de la Universidad de Chile para ser usados como parapetos: “Esos jóvenes fueron llevados a la Caja para que los carabineros pudieran subir las escaleras sin que los que estaban adentro dispararan contra la fuerza pública; además, la presencia de esos jóvenes, que se habían apoderado de la universidad y se habían rendido, induciría también a los que estaban en la Caja de Seguro a no continuar resistiéndose y a entregarse. Los motivos eran razonables” (Boletín del Senado; 7-9-1938).
Asimismo, el diputado conservador Joaquín Prieto Concha, acusó a los opositores de aprovechamiento político: “Callemos mudos ante el dolor de las madres, de las mujeres, de los hermanos y no sigamos haciendo negocios electorales con estos cadáveres” (Boletín de la Cámara de Diputados; 9-9-1938). Por su parte, la junta ejecutiva del Partido Liberal acordó “aplaudir la actitud decidida del gobierno y de las fuerzas armadas, en defensa de la República” (El Mercurio; 7-9-1938). Y que respecto de la masacre “el gobiernismo (…) conocía ya perfectamente la verdad a los pocos días, lo demuestra la correspondencia privada de la época (v. gr., entre Carlos Silva Vildósola y Agustín Edwards, que se hallaba en Londres)” (Vial; Ibid.; p. 540).

ACUSAN A ALESSANDRI
Posteriormente, cuando en enero de 1939 la Cámara de Diputados autorizó al ya expresidente Alessandri a salir del país (la Constitución de 1925 estipulaba que hasta seis meses de finalizado su periodo los presidentes requerían autorización para ello), la derecha votó a su favor; y cuando a fines de marzo se le acusó constitucionalmente de violar diversas garantías constitucionales al haber ordenado el traslado de los detenidos de la universidad al interior del edificio del Seguro Obrero, la derecha votó en contra; resultando rechazada la acusación por 66 votos contra 53 y 2 abstenciones. La acusación fue presentada por los tres diputados nacis: Jorge González, Fernando Guarello y Gustavo Vargas; los socialistas Juan Bautista Rossetti, Manuel Eduardo Hübner, César Godoy Urrutia y Efraín Ojeda; los radicales Carlos Morales y Jorge Beeche; y el comunista Juan Guerra.
En esa ocasión el diputado liberal Eduardo Moore expresó a nombre de la derecha: “Yo vengo a hacer la defensa de la actitud del señor Alessandri, a hacer la defensa del hombre que ninguna culpa tuvo en esos hechos delictuosos”, afirmando “que al darse la orden de traslado (…) se hizo con el propósito preciso de sofocar con más rapidez y eficacia el movimiento, evitando nuevos derramamientos de sangre. Fue una medida que la premura de las circunstancias y la gravedad de aquellos instantes así lo exigían, y si ella no fue lealmente interpretada o cumplida y dio origen a excesos, éstos escapan a la responsabilidad de las personas que ordenaron dicho traslado” (Boletín de la Cámara; 4-4-1939). Y añadió reveladoramente: “Toda la responsabilidad delictuosa por los sucesos del 5 de septiembre y que esta acusación pretende hacer recaer sobre el ex presidente Alessandri, arranca precisamente de ese conjunto de hechos y circunstancias que se pueden englobar en un concepto único: LA IMPERIOSA NECESIDAD DE MANTENER EL ORDEN PÚBLICO (mayúscula en el original) antes que nada y por sobre todas las cosas. Esta razón de vida de la democracia encontró su fiel intérprete en el señor Alessandri. Y la historia tendrá que reconocer que en un momento de crisis aguda la República encontró en el gran mandatario su salvador” (Ibid.).

LA FALANGE EN SUS PALABRAS
La Falange Nacional -que rompería totalmente con el Partido Conservador a fines de año- justificó también la masacre, aunque en forma más indirecta. En su periódico Lircay partió condenando duramente el intento de golpe naci:“Condenamos enérgicamente este atentado loco y criminal, llevado a efecto por hombres fanatizados que en último término llegan a ser un peligro mayor para la sociedad que los mismos criminales (…) Condenamos a esos culpables y exigimos las penas rigurosas que fija la ley para las grandes cabezas que sacrificaron tantas vidas de jóvenes” (2° semana de septiembre, 1938). Y en segundo lugar señaló: “Y hay algo más que agregar. En la represión se cometieron indiscutiblemente excesos [expresión tantas veces usada por los partidarios de la dictadura de Pinochet para referirse a sus gravísimas violaciones de derechos humanos…] que somos los primeros en reprobar y en lamentar. Por estos excesos desgraciados se ha desencadenado en el país una ola de sentimentalismo que ha hecho culpable al gobierno de todo. No aceptamos este criterio, precisamente nosotros que hemos manifestado siempre máxima independencia. Ha nacido en este momento lo que llamó un diputado falangista (Manuel Garretón) la demagogia de los buitres, ha nacido la explotación de los cadáveres y de esta ola sentimental quieren aprovecharse los mismos que provocan tales tragedias. Es un absurdo que no toleramos. Es preciso reconstruir la jerarquía de los hechos. Ha existido un atentado gravísimo que pudo tener consecuencias fatales para Chile y que en todo caso ha minado su prestigio. Los asaltantes procedieron con premeditación, actuaron con crueldad y estaban determinados, como lo probaron, a llegar a todos los extremos. Esto es lo fundamental. Lo fundamental en seguida es que el gobierno tenía el deber elemental de defenderse y se defendió. No hay que tener sentimentalismo, sino sentimiento por la Patria y pensar lo que habría sucedido si triunfa aventura tan descabellada. Hay una segunda parte, es la crueldad de la represión. Pero esto es lo segundo. Sin embargo, por una campaña bien llevada, con intenciones que bien se comprenden se ha invertido el orden de importancia y se ha destacado sólo lo segundo. Grotesco criterio” (Ibid.).

BORRON Y CUENTA NUEVA
La misma línea justificativa desarrolló el diputado falangista Ricardo Boizard. Atacando la durísima crítica opositora a la masacre, sostuvo que “se aísla el hecho (la matanza), se la presenta lo más separado posible de las causas (el intento de golpe), se le arranca totalmente de lo que forma su sustancia complementaria; y en el colmo de la pasión, se hace repugnante y brutal algo que ha sido el producto fatal de las contingencias humanas (…) El problema en ese momento era terminar pronto; era evitar que la ciudad cayera en un caos, y evitarlo significaba ahorrar al país mil vidas más de las que allí se inmolaron” (Boletín de la Cámara; 9-9-1938). A su vez, Manuel Garretón afirmó que “nadie puede defender una atroz masacre, pero mientras tal cosa se establece, mientras se hace luz sobre esta realidad de dolor, no avancemos opiniones; no confundamos las cosas, no contribuyamos a dejar sin condenación y sin castigo a los que lanzaron a un grupo de jóvenes a esta criminal aventura” (Boletín de la Cámara; 6-9-1938). Y pocos días después, refiriéndose a las críticas opositoras a la masacre, condenó “una demagogia sangrienta que hemos visto aparecer en el curso de esta semana. Ya no se explota la miseria o el peligro revolucionario. Se explota la muerte y el dolor con fines políticos. Se emplean los cadáveres como medio para conquistar prosélitos y para combatir al adversario” (Boletín de la Cámara; 10-9-1938).
Asimismo, en enero de 1939, los diputados falangistas -ya completamente separados del Partido Conservador- votaron a favor de la autorización a Alessandri para ausentarse del país. En la ocasión Boizard instó a que “borremos el pasado porque es necesario empezar pronto la obra fecunda del porvenir” (Boletín de la Cámara; 4-1-1939); argumento muy típico de quienes buscan la impunidad de las violaciones de derechos humanos. Además, Boizard dio la insólita razón de que el decoro exigía defender a un “caído” como Alessandri (¡!). Para terminar señalando que “la figura de Alessandri crecerá, con todos sus defectos, hasta ponerse al nivel de nuestros más grandes personajes históricos” (Ibid.).
Posteriormente, en abril de 1939, los falangistas votaron contra la acusación constitucional a Alessandri, arguyendo que lo hacían porque Pedro Aguirre Cerda, el primer día de su gobierno (24 de diciembre de 1938), había indultado a todos los nacis condenados por el intento de golpe y por diversos procesos por Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto último fue considerado como compensación por el apoyo electoral brindado por Ibáñez y los nacis luego de su debacle posterior al 5 de septiembre. Específicamente, Garretón señaló que debido a dicho indulto “no hay en esto, pues, un proceso para hacer justicia, hay sólo interés político, pasión partidista, para buscar la culpabilidad de unos, dejando la de otros al margen de la acción de la justicia” (Boletín de la Cámara; 4-4-1939).
Como se ve, siempre había una “razón” para que los falangistas exculparan a Alessandri. Al fundar su voto, el diputado naci Fernando Guarello habló irónicamente de “la admirable consecuencia de Garretón”, al recordarle sus expresiones del 6 de septiembre de 1938: “Se ha dicho hoy, en esta Honorable Cámara que ha habido masacre al reprimir la revuelta y se culpa de ello al gobierno. Pues bien: yo declaro aquí que si tal masacre ha existido, si se llega a comprobar que la represión tuvo este carácter, todos los diputados, todos los hombres sanos de este país deben condenarla con la más grande de las energías. Las voces de condenación serían unánimes, tanto de derechas como de izquierdas, pues así lo exigiría el más elemental sentido humano de las cosas” (Boletín citado).
La única excepción fue, curiosamente, la de Ricardo Boizard, quien desafió a Jorge González von Marées a que él votaba por la acusación si este renunciaba a su indulto (gesto moral que no tenía consecuencias jurídicas) y se abstenía en la acusación. Lograron tal acuerdo, señalando Boizard “que habiendo sido acusado el señor Alessandri, aun cuando no es culpable (según estoy convencido) de los sucesos del 5 de septiembre y de la horrorosa masacre a que se ha referido el honorable señor Guarello, no le cabe a la Honorable Cámara otro procedimiento que la investigación (…) Yo pido justicia contra todos los asesinos, y la pido aunque caigan mis amigos, aunque cayera Alessandri, aunque cayeran las derechas, porque es preferible todo a dejar en la sombra la muerte de nuestros hermanos y la traición a la República” (Ibid.). Y aunque se dijo que no fue por ello, sino por “estar permanentemente el diputado Boizard al margen de la disciplina” (Lircay; 3° semana de abril, 1939), fue expulsado de la Falange el 18 del mismo mes de abril…

FELIPE PORTALES (*)

(*) Este artículo es parte de una serie que pretende resaltar aspectos o episodios relevantes de nuestra historia que permanecen olvidados. Ellos constituyen elaboraciones extraídas del libro del autor, Los mitos de la democracia chilena, publicado por Editorial Catalonia.
(1) La ortografía de nacis, nacistas, etc., se ha mantenido por ser la utilizada en la época.

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 883, 1º de septiembre 2017).


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