Punto Final, Nº 892 – Desde el 12 al 25 de enero de 2018.
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Perú

El gran escape de PPK

 

El presidente Pedro Pablo Kuczynski no pudo escoger peor día para otorgar indulto humanitario al exdictador Alberto Fujimori, quien desde 2007 purgaba condena de 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos y corrupción durante su régimen. A las 18 horas del 24 de diciembre, víspera de Navidad, el gobierno emitió un comunicado anunciando el indulto bajo la justificación de “una junta médica oficial ha evaluado al interno y ha determinado que el señor Fujimori padece de una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable y que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad”.
Pero Kuczynski (conocido como PPK) no solo le otorgó el indulto, sino también el derecho de gracia con lo cual Fujimori no podrá ser juzgado por ningún otro delito. Estaba pendiente su juzgamiento por el caso Pativilca, localidad al norte de Lima, como responsable del asesinato de seis personas perpetrado por el grupo Colina, conformado por efectivos militares.
En un mensaje a la nación, Kuczynski defendió su decisión señalando que “quizás esta ha sido la decisión más difícil de mi vida. Se trata de la salud y las posibilidades de vida de un expresidente del Perú, que habiendo cometido excesos y errores graves fue sentenciado y ha cumplido ya 12 años de condena (…) Estoy convencido que quienes nos sentimos demócratas no debemos permitir que Alberto Fujimori muera en la prisión. La justicia no es venganza. (…) las heridas abiertas solo podrán cicatrizarse a partir de un esfuerzo reconciliador y de una voluntad de la que todos debemos formar parte”, manifestó.
Cuatro días antes, Kuczynski se había salvado de ser removido gracias a los votos de un sector disidente de Fuerza Popular, el partido liderado por Keiko Fujimori y que controla el Congreso con una mayoría de 71 legisladores de 130. El sector disidente está encabezado por Kenji Fujimori, hijo menor y favorito del exdictador.
La moción de vacancia de PPK por incapacidad moral fue presentada el 15 de diciembre por los congresistas del izquierdista Frente Amplio, dos días después que la fujimorista Rosa María Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato en el Congreso, presentara en conferencia de prensa una carta de la constructora Odebrecht en Perú confirmando los pagos que la empresa había hecho a Kuczynski cuando era ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006).
La comisión parlamentaria investiga los millonarios sobornos pagados desde 2001 por constructoras brasileñas como Odebrecht, OAS y Camargo Correa, entre otras, a altos funcionarios para asegurar la aprobación de megaproyectos en Perú.

MANIOBRA EN LAS SOMBRAS
La moción fue aprobada con 93 votos y el mandatario fue citado para el 21 de diciembre a presentar su defensa. Mientras el abogado de Kuczynski, Alberto Borea, daba su alegato ante el Congreso, se filtró en las redes sociales un informe médico que recomendaba el indulto humanitario de Fujimori. El Ministerio de Justicia aseguró que ninguna solicitud de indulto había llegado a la Comisión de Gracias Presidenciales, pero en ningún momento precisó que el documento filtrado era falso.
El objetivo de quienes filtraron el documento era asegurar la vacancia de Kuczynski para lo cual eran claves los 10 votos del izquierdista Nuevo Perú, que en julio había roto con el Frente Amplio y conformado una nueva bancada. Hasta ese momento la vacancia prácticamente contaba con los 87 votos necesarios para ser aprobada, incluyendo los 71 de Fuerza Popular, 5 del Partido Aprista, 10 del Frente Amplio y el de un congresista evangélico.
“Si Nuevo Perú hubiera sabido con certeza que Kuczynski preparaba un indulto a Fujimori lo hubiera vacado y otro hubiera sido su destino”, señaló la periodista Rosa María Palacios. “Lamentablemente muchos pensamos que (la filtración del informe médico) era una trampa de Keiko Fujimori para promover la vacancia del presidente”.
Finalmente Kuczynski no fue removido. Sólo se consiguieron 79 de los 87 votos. Se salvó principalmente por la abstención de 10 congresistas disidentes de Fuerza Popular. Pero el indulto se había decidido mucho antes. Ya en julio pasado se rumoreaba que Kuczynski lo otorgaría, pero eso no ocurrió debido a la presión pública.
Un operativo ultra secreto había comenzado el 11 de diciembre con la presentación del pedido de indulto y derecho de gracia por razones humanitarias por el propio Alberto Fujimori. Al día siguiente, el Ministerio de Salud designó a la junta médica que revisaría el caso, conformada por tres profesionales entre los que se encontraba Juan Postigo, médico de cabecera de Alberto Fujimori. Simultáneamente, el Instituto Nacional Penitenciario presentó un informe sobre las condiciones del penal de Barbadillo, donde se encontraba recluido, señalando que no cuenta con los servicios médicos necesarios para haberle brindado una atención adecuada.
El 17 de diciembre, la junta médica se presentó al penal de Barbadillo para evaluar la situación de salud de Alberto Fujimori. El informe emitido señala “fibrilación auricular paroxística con riesgo moderado de tromboembolismo, hipertensión arterial crónica con crisis hipertensivas a repetición que han merecido atención de emergencia y evacuación, cardiopatía hipertensiva de grado leve-moderado, insuficiencia mitral, hipotiroidismo sub clínico”.
Asimismo, indica “cáncer de lengua tipo carcinoma epidermoide medianamente invasivo intervenido quirúrgicamente hasta en seis oportunidades con riesgo de recidiva, trastorno depresivo en tratamiento farmacológico, hipertrofia benigna prostática grado II, insuficiencia periférica vascular y hernia lumbar de núcleo pulposo L2-L3 (…) Debido a que el paciente padece una enfermedad no terminal grave, pero que es progresiva, degenerativa e incurable, y además que las condiciones carcelarias significan un grave riesgo a su vida, salud e integridad”, la junta médica recomendó “el indulto por razones humanitarias”. Como parte del operativo, el 23 de diciembre Alberto Fujimori fue trasladado de emergencia a la Clínica Centenario, de propiedad de la comunidad japonesa.

MAQUILLANDO A PPK
Paralelamente, el proceso de vacancia continuaba. Pero para asegurar que el Congreso no la aprobara, había que ponerle una cara democrática a Kuczynski.
Para ello, según Palacios, “se recurre a gente que no tiene sospecha alguna del indulto y se le explica con detalle la inocencia del presidente y la necesidad urgente de defender la democracia de un golpe de Estado perpetrado por Keiko Fujimori. Se presenta al presidente huérfano de toda ayuda, traicionado y abandonado”.
Muchos, incluyendo a Palacios, cayeron en la trampa: “Creo que nos montaron un número dramático. (El exprimer ministro de Ollanta Humala) Pedro Cateriano asumió una estupenda defensa mediática que no dio ninguno de sus ministros y Alberto Borea -férreo opositor a Fujimori por décadas- asumió su defensa legal”.
La población respiró aliviada luego de que no se aprobara la vacancia, hasta que llegó el golpe en la víspera de Navidad y conforme pasaron los días quedó claro que Kuczynski salvó su pellejo pactando con Kenji Fujimori los votos disidentes a cambio del indulto a su padre. Y eso enfureció a la ciudadanía.
“Alberto Fujimori Fujimori no ha recibido un indulto y derecho de gracia humanitario”, escribió Rosa María Palacios en el diario La República. “Los papeles pueden decir eso -pueden decir cualquier cosa- pero cualquier reo enfermo de verdad a la espera lenta de su muerte sabe que no es así. Fujimori ha recibido un indulto negociado en 13 días a cambio de unos pocos votos para salvar a Kuczynski de la inminencia de su propia vacancia. Ese indulto, disfrazado de humanitario, es un indulto común porque no hay ni enfermedad mental, ni enfermedad terminal, ni enfermedad degenerativa agravada por las condiciones carcelarias. Y el indulto común está vedado para Fujimori tanto por la ley peruana (que prohíbe el indulto por secuestro agravado) como por los casos La Cantuta y Barrios Altos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Para el politólogo Alberto Vergara, se trata de un comportamiento normal en la elite. “Pedro Pablo Kuczynski encarna un grupo social que no es educado para ser ciudadano de la República de Perú, sino dueño de Perú. Y, por tanto, no cumple sus funciones públicas como un ministro de Estado, premier o presidente de la República. Nada de eso. El procede como patrón de estos pagos. Paradójicamente, no es el español sino el inglés que PPK utiliza con sus ministros e interlocutores, el idioma que posee la palabra precisa para describir cómo se siente: entitled. Significa algo así como sentirse con el derecho -con el título, los fueros, la prerrogativa- de merecer una posición política y legal por encima del resto. No hay traducción precisa al español, pero al peruano yo aventuro la siguiente: una concha histórica”, escribió en el diario El Comercio.
Kuczynski está siendo investigado por la Fiscalía por su participación como primer ministro y ministro de Economía durante el gobierno de Toledo, en la aprobación de la construcción de la carretera Interocéanica Sur y el proyecto de irrigación Olmos, en la costa norte, ejecutados por Odebrecht. Aunque negó rotundamente haber recibido dinero de Odebrecht, la carta mostrada por la congresista Bartra y que desencadenó el pedido de vacancia, revela que entre 2004 y 2014, Odebrecht pagó a Westfield Capital y First Capital, empresas de propiedad de Kuczynski domiciliadas en Estados Unidos, más de 4.2 millones de dólares por gastos, asesorías, consultorías y otros productos financieros.

EMPRESARIO-PRESIDENTE
“Hemos sido testigos de este presidente que considera que a él la ley no le atañe. Ni para sus negocios ni para tomar decisiones políticas”, observó Vergara. “Cuando se establezca con claridad una línea del tiempo que combina los contratos de Westfield Capital y First Capital con Odebrecht y con las entradas y salidas de PPK de la función pública, podrá determinarse si carga o no con responsabilidad penal. A los ciudadanos nos queda claro que el presidente ha hecho carrera ruleteando entre sus compañías y el Estado. Su coartada fue entrar y salir del Estado siempre con ojo atento al Código Penal. También ha sido su coartada no firmar documentos sensibles: los contratos con Odebrecht los firmaba su socio chileno Gerardo Sepúlveda, y cuando era ministro de Economía y hubo que librar de controles a la Interoceánica por la cual Toledo habría cobrado 20 millones de dólares, PPK se ausentó y estampó su firma un ministro interino. El presidente es, indudablemente, un experto en alianzas público-privadas”.
Kuczynski se mantuvo en la Presidencia y esperó la víspera de Navidad para cumplir con su parte del pacto. Pero se encontró con la reacción de una población indignada que salió a las calles a protestar esa noche y el día siguiente. Decenas de miles de personas se movilizaron el 28 de diciembre en todo el país para manifestarse en contra del indulto, mientras el mandatario permanecía escondido y evitaba dar la cara a la población y a las familias de las víctimas de los asesinatos por los cuales Alberto Fujimori estaba condenado.
“PPK no ha indultado a Fujimori por humanidad ni por principios, sino porque era lo que le convenía en ese momento. Como ha reconocido el asesor de Kenji, Jorge Morelli, la decisión de indultar a Alberto Fujimori estaba tomada y solo faltaba fijar la fecha. La amenaza de vacancia la decidió”, observó el analista Luis Davelouis en el diario Perú 21.
Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de la La Cantuta asesinados en 1992 por el grupo Colina, manifestó su indignación: “Nos sentimos ciudadanos de segunda cuando no nos toman en cuenta como a los familiares de Fujimori; cuando se nos roba la justicia (…) Indultar a Fujimori sin merecerlo es un atropello a la memoria de cada una de las víctimas de La Cantuta, Barrios Altos, sótanos del SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército), a Pedro Yauri (periodista), campesinos del Santa, el caso Pativilca y todas las víctimas del grupo Colina”, dijo.
El presidente está más solo y débil que nunca. Ha perdido ministros y funcionarios valiosos, así como congresistas, espacios que muy probablemente sean llenados por personas recomendadas por Alberto Fujimori.
Como precisó el periodista Juan Carlos Tafur “se equivocó brutalmente al creer que el indulto a Alberto Fujimori le daba la llave de la gobernabilidad que tanto anhelaba desde que asumió el poder y que le era esquiva por su propia medianía para afrontar las tareas palaciegas”.
Por ahora quedan las calles para manifestar la indignación, porque ver feliz a Alberto Fujimori en una clínica recibiendo la noticia de su indulto sólo evoca a Augusto Pinochet levantándose de su silla de ruedas para recibir a sus seguidores. El 4 de enero Fujimori abandonó la clínica en plena libertad.
La condena a Alberto Fujimori en un juicio impecable era un símbolo de que en América Latina era posible poner fin a la impunidad. Kuczynski acabó con eso

CECILIA REMON
En Lima

(Publicado en “Punto Final”, edición Nº 892, 12 de enero 2018).

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