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Editorial 894

El asedio a Venezuela


“Los militares no estamos para imponer políticas de miseria”.
(Hugo Chávez, en “Punto Final” Nº 327, octubre de 1994).

La brutal campaña desatada contra la República Bolivariana de Venezuela por EE.UU. y sus cómplices latinoamericanos y europeos, oculta sus verdaderos propósitos detrás de una cortina de mentiras que aplica las técnicas de la guerra sicológica. Chile es uno de los países peor informados sobre las intenciones de los enemigos de Venezuela, entre los cuales participa el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet.
El imperio dice defender la democracia, que en Venezuela goza de buena salud. En la “dictadura” venezolana, existe una coalición de partidos opositores que tiene absoluta libertad para expresarse a través de la prensa, radio y televisión, y convocar a manifestaciones pacíficas cada vez que le dé ganas. Esa oposición, apadrinada y financiada por EE.UU., ganó las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 con 56,2% de los votos. Su victoria (la primera en 17 años) se consumó mediante las mismas normas que ahora denuncia como fraudulentas y que le llevan a restarse de las elecciones presidenciales y legislativas regionales del próximo 20 de mayo. La intención es obvia: denunciar un “fraude” y declarar ilegítimo al nuevo gobierno. Ya EE.UU. y la Unión Europea, el Grupo de Lima, la OEA y otras sabandijas han declarado ilegítimas las próximas elecciones. No es la primera vez que la oposición decide no participar en una confrontación electoral. Lo hizo en las elecciones de gobernadores y alcaldes de 2017 (aunque un sector participó y ganó cinco gobernaciones). También se abstuvo en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del año pasado, convocada por el presidente de la República de acuerdo a una facultad que le otorga la Constitución. Tampoco la oposición participó en las parlamentarias de 2005, y su líder Henry Ramos Allup -que hace dos años, como presidente de la Asamblea Nacional anunció que demorarían sólo seis meses en derrocar a Maduro-, reconoció que no lo hicieron debido a la presión de los dueños de los medios de comunicación. El bloque opositor está resquebrajado pues Henri Falcón, uno de sus dirigentes, optó por rechazar la abstención y se presenta como contendor de Maduro.
El objetivo más importante de la agresión imperialista es recuperar el control de la enorme riqueza petrolera, de gas natural, hierro, diamantes y recursos hídricos que posee Venezuela. Es una reserva estratégica de enorme magnitud para su pueblo y la Humanidad. Su control aseguraría a EE.UU. la condición de primera potencia mundial. Es el mismo motivo que llevó a la invasión de Afganistán, Libia e Irak y que promueve la trágica “guerra civil” en Siria.
Otro objetivo encubierto de la cobarde guerra contra Venezuela es propinar una paliza inolvidable a un pueblo que decidió ser libre e independiente. Lo mismo ocurrió en Chile en 1973 y el terrorismo de Estado produjo la desmoralización del pueblo que aún padecemos. EE.UU. necesita hacer un escarmiento para notificar una vez más a América Latina que no acepta desafíos en su “patio trasero”. Los errores, debilidades y contradicciones que se pueden atribuir al gobierno de Venezuela son asuntos del ámbito de su soberanía. Solo corresponde dirimirlos al pueblo venezolano mediante la vía democrática que ha escogido.
El sistema electoral de Venezuela es uno de los más seguros del mundo, como han corroborado organismos técnicos ajenos a cualquier sospecha de parcialidad. Lo mismo sucede con la Constitución Política, sin duda la más democrática de América Latina porque fue elaborada por una Asamblea Constituyente (en 1999) con mayoría de víctimas de la dictadura de Pérez Jiménez y de las represiones de los gobiernos socialdemócratas y socialcristianos.
Es para la risa que el gobierno de Chile critique a Venezuela por no respetar su Constitución, cuando nuestro país aún soporta la Constitución de Pinochet.
La revolución bolivariana se ha convertido en la piedra en el zapato de Washington. A tal punto que Obama, Premio Nobel de la Paz (sic), declaró a Venezuela una “amenaza extraordinaria e inusual” para la seguridad de EE.UU., lo cual ha sido renovado por el esquizofrénico presidente Trump.
El Departamento de Estado parece no compartir el diagnóstico del tambaleante presidente peruano, Pedro P. Kuczynski, en el sentido de que América Latina es “como un perro simpático que está dormido en la alfombrita y no genera ningún problema”, salvo Venezuela. De otro modo no se explican las giras del secretario de Estado Rex Tillerson, ex presidente de la Exxon Mobil Co., y del subsecretario Thomas Shannon. En Colombia, el secretario Tillerson -convertido en ventrílocuo- usó como muñeco al presidente Juan Manuel Santos para disuadir a la oposición venezolana -mediante un llamado telefónico- de firmar los acuerdos a que había llegado la noche anterior en el diálogo en República Dominicana. En los hechos se acordaron las mismas normas que se aplicarán en las elecciones del 20 de mayo, incluida la fecha y las garantías que exigía la Mesa de Unidad Democrática (MUD).
Es evidente que América Latina no es “el perro simpático que duerme en la alfombrita”. EE.UU. quiere liquidar por la vía rápida la experiencia revolucionaria de Venezuela. Próximas elecciones presidenciales en el continente arrojan sombras de duda al triunfalismo imperial. El aire se ha cargado de vientos progresistas en los países más importantes. En México crecen las expectativas de Andrés Manuel López Obrador que ha sido víctima en 2006 y 2012 del fraude electoral institucionalizado. Parece difícil que lo intenten por tercera vez. En Colombia, el más peligroso peón norteamericano debido a su extensa frontera con Venezuela, ocurre algo parecido. El ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, “Aureliano” de las milicias del M-19, puede ganar las elecciones del 27 de mayo (una semana después de Venezuela). En Brasil el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcha a la cabeza en los pronósticos para las elecciones de octubre, pese a las maniobras del golpista y corrupto Michel Temer. Y en Argentina, la resistencia social al gobierno de Mauricio Macri hace presumir que en diciembre del próximo año Cristina Fernández de Kirchner regresará a la Casa Rosada.
El tercer objetivo en la agresión norteamericana es destruir la alianza pueblo-ejército, que es el pilar de la revolución bolivariana. Este fue uno de los aportes más relevantes del presidente Hugo Chávez a la historia política latinoamericana. Constituye el corazón de la revolución bolivariana y su desintegración, ya sea por golpe de Estado o invasión extranjera, liquidaría las esperanzas del pueblo venezolano y serviría de lección a los militares latinoamericanos. Muchos soldados del continente deben estar reflexionando sobre el futuro que espera a América Latina si continúa sirviendo a la estrategia depredadora del imperio. América del Sur posee enormes riquezas naturales: más del 20% de las reservas probadas de petróleo y 3% del gas natural. El 65% de las reservas mundiales de litio, 42% de plata, 38% de cobre, 33% de estaño, 21% de hierro, 18% de bauxita, 14% de níquel y, sobre todo, ¡32% de los recursos hídricos del mundo!(*) Somos un pobre continente rico, por la avidez de las oligarquías y las transnacionales. Pero llegará un día en que los soldados patrióticos y antimperialistas produzcan -como hizo el comandante Chávez- la unidad pueblo-ejército que asegure la soberanía e independencia continental.
Para su agresión a Venezuela EE.UU. se vale del llamado Grupo de Lima: doce gobiernos entre los que se cuentan los más corruptos del hemisferio. Resulta un agravio al honor de Chile que en ese grupo de lacayos se cuente el gobierno chileno. Aunque algunas voces (del Partido Comunista) se han levantado para acusar a la Cancillería de conducta servil con el imperio. Pero llama la atención cómo se calla la responsabilidad de la presidenta Bachelet. Los rebuznos del canciller Muñoz, sin duda, merecen severa crítica. Pero quien dirige la política exterior es la presidenta de la República. El canciller es un funcionario -quizás muy influyente- que aplica la política que traza la mandataria. Michelle Bachelet se ha hecho cómplice así del cuadrillazo contra Venezuela. Actúa tal como hizo el anterior presidente “socialista”, Ricardo Lagos, al apoyar el frustrado golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez. Lagos y Bachelet dieron la espalda a la dolorosa experiencia de Chile y a las miles de víctimas de la tiranía, destino que espera al pueblo de Venezuela si EE.UU. logra sus propósitos

MANUEL CABIESES DONOSO 

 

(*) Datos tomados de Alí Rodríguez Araque, Los recursos naturales como eje dinámico en la estrategia de integración y unidad de nuestros países, marzo 2013.

 

La dictadura del pensamiento único

Debemos informar que Punto Final se ve obligado a suspender su publicación debido a problemas insuperables de financiamiento. En síntesis: carecemos de los ingresos publicitarios que constituyen la principal vertiente de subsistencia para los medios de información.
Los medios independientes no cuentan en Chile con apoyo del Estado para hacer efectivo el pluralismo de opinión e información. Los gobiernos canalizan su publicidad, las franquicias crediticias y tributarias, los subsidios y exenciones, etc., a los medios escritos, audiovisuales y electrónicos que sirven los intereses de la oligarquía en el poder.
Chile es uno de los países en que existe una mayor concentración en la propiedad de los medios, detentada por la minoría que se ha adueñado del país. El cacareado “pluralismo” informativo que caracterizaría a la “democracia” chilena, no existe. Tal como no existe, en los hechos, esa democracia.
Lo que tenemos en Chile es una dictadura del pensamiento único impuesto por el poder del dinero. Esa tiranía ha modelado una cultura conservadora, racista y mezquina que garantiza la sumisión del pueblo al orden capitalista neoliberal. Los gobiernos posdictadura, sin excepción, se han negado a apoyar a los medios independientes y por tanto se han prestado para ahogar el pluralismo de opinión e información.
Punto Final ha librado una batalla para que la publicidad del Estado llegue también a los medios independientes. Pero no hemos logrado modificar la situación. Luego de desgastarnos en inútiles gestiones ante los gobiernos de los presidentes Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, en 2009 recurrimos a la Fiscalía Nacional Económica y luego al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ambas entidades rechazaron nuestra denuncia pero reconocieron que el sistema de reparto de la publicidad fiscal no garantiza los derechos humanos y democráticos más elementales. La Cámara de Diputados, a su vez, confirmó que el Estado discrimina su publicidad a favor del duopolio El Mercurio-Copesa y planteó la necesidad de una ley que regule la distribución equitativa de la publicidad estatal para favorecer el pluralismo. Por supuesto, esto quedó sólo en las buenas intenciones.
Aún así PF recurrió a la Corte Suprema de Justicia. Nuestro abogado, Alberto Espinoza, hizo una detallada exposición sobre las limitaciones que afectan a la libertad de expresión en Chile. El 22 de abril de 2010, como se presumía, el máximo tribunal rechazó el recurso de PF, admitiendo sin embargo la legitimidad de la demanda, cuya solución -dijo- requiere de una ley que favorezca una mayor diversidad informativa. Desde luego ni los gobiernos ni los legisladores se han dignado impulsar una ley de esta naturaleza.
PF, no obstante, no aflojó. El 21 de octubre de 2010 elevó la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington.
Invocamos el artículo 13° de la Convención sobre Derechos Humanos, sobre libertad de pensamiento y expresión, y asimismo la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH que señala:
“Los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad que asegura el pleno ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos”.
La denuncia de PF da a conocer la concentración del dominio y propiedad de los medios de comunicación en Chile, a los cuales se asignan recursos estatales vía publicidad.
“Lo que existe en Chile -señala, lo que hoy reafirmamos- es una ley mordaza encubierta, al amparo del Estado. La propiedad privada de los medios de comunicación concentrados en el mismo sector social que tiene la concentración del poder económico, no ha hecho otra cosa que echar por los suelos el derecho a la libertad de expresión, porque la sociedad chilena está enajenada en pensamiento por recibir un mensaje comunicacional monocorde, definido por directores de medios y periodistas que están al servicio de los intereses de sus propietarios, quienes, en último término, definen los contenidos de la información, los que obviamente son congruentes con sus pretensiones económicas y políticas, generando una opinión pública ideológicamente manipulada, de manera que la falta de libertad de expresión tiene un efecto reflejo en otros derechos esenciales…”.
El 22 de abril de 2017, Punto Final ratificó ante la CIDH su denuncia contra el Estado de Chile, reiterando la voluntad “de perseverar en nuestra pretensión porque los motivos de nuestra denuncia subsisten íntegramente, y el transcurso del tiempo ha significado una profundización del agravio a un derecho fundamental establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
Queremos dejar constancia que en esta batalla hemos recibido la solidaridad del Colegio de Periodistas de Chile y de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Por desgracia la defensa del pluralismo de información y opinión no ha encontrado eco, hasta ahora, en las organizaciones políticas y sociales que son víctimas de la dictadura del pensamiento único. A ellas hacemos llegar un fraternal llamado a hacer suya esta lucha democrática.
Pensamos que algún día Punto Final volverá en brazos de las condiciones sociales y políticas que hicieron necesaria su fundación hace 52 años. A nuestros continuadores les deseamos éxito en un Chile diferente, democrático, participativo e igualitario en derechos sociales y políticos

 

Agradecimientos

Al suspender la publicación de Punto Final queremos expresar nuestros agradecimientos a los lectores y colaboradores que hicieron posible la existencia de la revista.
No podemos mencionarlos a todos. Sin embargo queremos nombrar a algunos de los compañeros y compañeras que nos honraron con su amistad y nos estimularon con un apoyo que siempre fue respetuoso de la independencia de PF.
En especial nuestro reconocimiento a los compañeros Salvador Allende, Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales, Rafael Correa, Gabriel García Márquez, José Vicente Rangel, Manuel Piñeiro, Miguel Enríquez, Jaime Barrios, Clodomiro Almeyda, Andrés Aylwin, Pedro Vuskovic, Ramón Silva, Luis Corvalán, Volodia Teitelboim, Gladys Marín, Leo Wetli, Rodrigo Vergara, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Pablo de Rokha, Franck Gaudichaud, Roberto Fernández Retamar, Aurelio Alonso, Ricardo Alarcón, Inés Martínez, Rafael Agacino, Víctor Pey, Carmen Castillo, Abel Prieto, Rafael Maroto, Alí Rodríguez, José Arbesú, Armando Campos, Héctor Sánchez, Gina Pita, René Valenzuela, Hernán Pérez de Arce, Cris González, Alberto Baltra, Inés Moreno, Haydée Moreno, Jane Vanini, Julia Salazar, Flora Martínez, Eleazar Díaz Rangel, Alejandra Gálvez, Tony López, Fernando García, Alberto Espinoza, Norma Henríquez, Manuel Valenzuela, André Gunder Frank, Marta Fuentes, Ruy Mauro Marini, Aníbal Pinto, Alejandro Pérez, José Aldunate S.J., Roberto Bolton, Julio Vega Pais, Miria Contreras Bell, Joao Pedro Stédile, Guillermo Leiva, Tubal Páez, Néstor León, Félix Luna, Digna Césped, Juana González, Manuel Gahona, Rafael Ramírez, Toby Valderrama, Rafael Ruiz Moscatelli, Ricardo Palma Salamanca, Mirna Salamanca, Emir Sader, Carlos Torres,  Theo Klomberg, Lenin Guardia, Lucía Sepúlveda, Eva Carmona, José Balmes, Roberto Carlos Palacios, Ariyuri Vetancourt, Gustavo Serantes, Carlos Torres, Herman Carrasco, Eulogio del Pino, José Miguel Varas, Iris Largo, Héctor Llaitul, Miguel Melivillu, René Orellana, Isidoro Bustos, FDCL de Berlín, Unión de Trabajadores de la Prensa de Buenos Aires (UTPBA), Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap), Colegio de Periodistas de Chile…

PF

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 894, 9 de marzo 2018.


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